El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad el decreto emitido en Zacatecas que reducía el haber de retiro de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.

El decreto modificaba el otorgamiento de 100 por ciento durante los dos primeros años de jubilación y 80 por ciento para el resto de la vida, a 60 por ciento los dos primeros años y 20 por ciento a partir del tercero.

Los ministros consideraron ayer que el haber de retiro es un elemento de las garantías de la autonomía e independencia del Poder Judicial; sin embargo, no hubo consenso respecto a si el monto de la jubilación puede ser reducido por el Congreso bajo condiciones económicas y políticas particulares o si éste es irreductible.

Cabe señalar que el monto de jubilación de que gozarán los magistrados zacatecanos, una vez invalidada la reforma, queda en los mismos términos (100 por ciento del sueldo los dos primeros años y 80 por ciento a partir del tercer año) que el de los ministros jubilados.

A pesar de la reciente reforma constitucional que ordenó que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente de la República –de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012–, el salario del ministro presidente de la Corte será de 491 mil 64 pesos mensuales, mientras el del jefe del Ejecutivo federal es de 253 mil 849 pesos al mes.

Calderón gana menos también que el resto de los ministros –salvo Fernando Franco y Jorge Pardo Rebolledo, quienes fueron elegidos después de la reforma sobre sueldos–, ya que cada uno recibirá el año próximo 333 mil 284 pesos al mes.

Hasta la fecha, los ministros se han rehusado a reducir su salario, con el argumento de que sería inconstitucional hacerlo.

En la sesión, Sergio Aguirre Anguiano cuestionó por qué, cuando el jefe del Ejecutivo de Zacatecas propuso reducir el presupuesto, lo hizo a costa del Poder Judicial.

“¿Por qué esas arcas son las que hay que afectar, qué no es ingente también que el estado pueda cumplir con sus compromisos primarios pensionarios? Pero, ¿por qué al Poder Judicial se le afectan las normas que protegen los ingresos de quienes se jubilen ahí? ¿Por qué se sacrifica al Poder Judicial y no al Ejecutivo?

¿Por qué no se dice que se reducen los gastos de la oficina del Ejecutivo o los gastos del Legislativo y sus asesores? Es nada más pregunta, señaló Aguirre.

Y enfatizó: Yo doy un poco de martillazos para sostener que en los gastos que aprueban los legisladores y la Cámara de Diputados en lo federal no se pueden manejar a placer; tienen partidas irreductibles, y ésta (la que tienen que ver con las pensiones) es una de ellas.

Fernando Franco apoyó el proyecto de dictamen elaborado por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por considerar que para afectar a la baja una pensión, el legislador debe dar una explicación absolutamente suficiente para justificar por qué lo está reduciendo.

Arturo Zaldívar agregó que aunque la garantía de independencia judicial no puede ser a costa de arriesgar la solvencia económica del estado, ni de cancelar la atención de necesidades urgentes que padece la población, el Congreso de Zacatecas no justificó suficientemente por qué es esencial sacrificar la independencia judicial, que es un valor en sí mismo para toda sociedad democrática y para todo estado de derecho, antes de recurrir a otro tipo de medidas.