e han multiplicado los hechos de violencia contra ciudadanos que denuncian injusticias y defienden derechos humanos. Una de las organizaciones más lastimadas por esa modalidad es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), originalmente impulsado por el poeta Javier Sicilia. En una espiral de agresividad impune están siendo amenazados, lesionados y asesinados algunos activistas regionales que creyeron encontrar cauce y fuerza en expresiones esperanzadoras como el citado movimiento que ha recorrido el país y ha decidido acompañar procesos de lucha en zonas conflictivas. El fantasma del paramilitarismo se ha ido asentando en la dolorosa realidad mexicana al igual que en su momento ha sucedido en otros países donde se han librado guerras irregulares internas en las que el Estado se muestra desfalleciente y al mismo tiempo protector y cómplice de esas manos criminales encargadas de tareas sucias.

El caso más reciente ha sucedido en Michoacán, donde una comitiva de 18 integrantes del MPJD fue confrontada por un grupo de delincuentes que les robaron sus teléfonos celulares y se llevaron por la fuerza a uno de los ciudadanos que había creído encontrar protección en los enviados de la instancia nacional que meses atrás dialogó, con intensa cobertura televisiva nacional, con el propio Felipe Calderón. El secuestrado, José Trinidad de la Cruz, fue encontrado ayer muerto y con evidencias de tortura, cuando aún no se cumplían 24 horas de su desaparición. Pietro Ameglio, uno de los miembros de la dirección colectiva del MPJD, aseguró que el ataque a la comitiva y el secuestro de De la Cruz ocurrieron luego que la Policía Federal dejó de acompañar al grupo y lo dejó a merced de los asesinos, según reportaban ayer en el portal de La Jornada el reportero Jaime Avilés y el corresponsal Eduardo Ferrer.

En otra entidad, Guerrero, y apenas con unas horas de diferencia, Eva Alarcón y Marcial Bautista, también miembros del MPJD, habían sido secuestrados cuando viajaban en autobús de Petatlán a Chilpancingo. Y diversos activistas y denunciantes de lo que se vive en el país, ya sean pertenecientes a otras organizaciones, o firmantes de solicitudes de indagación internacional respecto a crímenes de guerra cometidos por el calderonismo, han sido amenazados por diversas vías, en una abierta escalada de violencia verbal y física que pretende acallar a quienes han decidido actuar de manera abierta y pacífica en demanda de que sea frenado el baño nacional de sangre y se aplique una verdadera justicia en cada uno de los casos que ya suman decenas de miles.

En tanto, y luego que una publicación canadiense reveló la sustancia del asunto, se ha anunciado que la estación mexicana de servicios de inteligencia a larga distancia puso fin a un compló internacional de perfiles peliculescos que buscaba instalar en nuestro país a uno de los miembros de la familia Kadafi. Orgullosos del impecable funcionamiento del sistema de aceptación y cumplimiento de órdenes recibidas en inglés, dos de los principales miembros del gabinete calderonista dieron conferencia de prensa en la que palabras les faltaron para enaltecer el exitoso resultado que incluso mereció una autofelicitación de la Casa Blanca (ese tipo de autofelicitaciones se han multiplicado en años recientes, pues desde Washington se suele premiar a sus corresponsales mexicanos con declaraciones públicas por el buen cumplimiento de redadas y ejecuciones de narcotraficantes de alto nivel que en realidad son planeadas y supervisadas por personal gringo).

Pero no hay ni asomo de tal inteligencia ni éxitos plausibles en los casos cada vez más frecuentes de mexicanos asesinados en las condiciones descritas líneas atrás. La algarabía del secretario Poiré y la vocera Sota por la entrega de buenas cuentas a los intereses estadunidenses se vuelve silencio y desdén a la hora en que son los propios mexicanos quienes piden informes y activación de procesos y protocolos respecto a activistas amenazados y asesinados.

Otro parloteo irresponsable tiene como lugar de emisión a Los Pinos, como pretexto las pasadas elecciones de Michoacán y como destinatario los comicios federales del año en puerta. Según la interpretación partidista de Felipe Calderón, el panista que está mandando al diablo sus instituciones, su hermana no perdió naturalmente la contienda por una gubernatura sino a causa de una distorsión mayúscula que inexplicadamente no había sido denunciada en su momento y mucho menos la noche de fiesta artificial en que la llamada Cocoa aseguraba haber triunfado. El poder del narcotráfico habría distorsionado el proceso y los resultados electorales en su tierra natal, dice y vuelve a decir el encarrerado Felipe, aunque a la fecha no ha presentado ni pruebas ni denuncias ante las instancias judiciales correspondientes, sino apenas un audio de autenticidad no demostrada al que algún aliado periodístico del calderonismo dio amplio vuelo.

La pretensión de tumbar al priísta Fausto Vallejo mediante la acusación de ser beneficiario electoral del narcotráfico no queda en un arrebato de índole familiar (recuérdese que la ahora despojada Cocoa recibió carretadas de recursos de diferente origen, varios de ellos provenientes del propio gobierno fraternal, para empujar una desbordada campaña electoral que a fin de cuentas no consiguió números superiores a los de su adversario de tres colores que usó tretas y fondos parecidos a los de la hermana derrotada). Lo que Calderón parece tener como objetivo es entrampar los comicios del año entrante y suspenderlos o posponerlos. Por ello, aún sin reponerse de la tunda por sus pifias relacionadas con libros (es decir, con aprendizaje, entendimiento y capacidad de dirección), Enrique Peña Nieto ha tratado (con sus ya sabidas limitaciones) de confrontar los aires de golpismo anunciados por el ocupante de Los Pinos que no puede callar sobre el tema y ha puesto a algunos de sus subordinados a repetir la cantaleta antielectoral. ¡Hasta mañana!

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