Ante el asesinato de Trinidad de la Cruz y el secuestro de Eva Alarcón y Marcial Bautista, todos ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), activistas de derechos humanos manifestaron su consternación y llamaron a adoptar medidas internas de seguridad, para remediar la ineficiencia de las autoridades.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, lamentó que lo ocurrido se sume al asesinato de Nepomuceno Muñoz y el atentado contra Norma Andrade, lo que una vez más pone de relieve la necesidad de aplicar un mecanismo efectivo de protección para defensores de derechos humanos.

Nos preocupa la falta de respuesta de las autoridades, porque al momento del secuestro no estaban los agentes de la Policía Federal (que cuidaban la caravana), a pesar de que hay medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD). El Estado falló evidentemente al proteger a dichas personas, que se encuentran en un estado de extrema vulnerabilidad, dijo.

Ante esta situación, es cada vez más urgente que las organizaciones civiles adopten medidas de seguridad propias, de acuerdo con sus necesidades y su contexto, y permanezcan muy atentas al trabajo que realizan sus activistas en las zonas más peligrosas, alertó.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, coincidió en que el panorama es muy preocupante, y deploró que el gobierno federal mantenga un discurso de supuesta atención a activistas, pero sin acciones reales en ese sentido. Se están violando los derechos fundamentales de las personas, y ni siquiera sabemos quiénes lo están haciendo, indicó.