El sindicato minero respondió a las declaraciones vertidas el pasado martes por el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien dijo que la huelga de la mina Cananea fue absurda, por cuestiones de revanchismo y no laborales, a lo que esta organización apuntó que los señalamientos del funcionario resultan mentirosos e irresponsables, por decir lo menos, ya que con su declaración pone en entredicho al Poder Judicial federal y sus reiteradas resoluciones de que dicha huelga es legal y existente, que hasta hoy subsiste jurídicamente firme.

A decir de esta organización, el acto conjunto que encabezó el secretario con el presidente de Grupo México, Xavier García de Quevedo, para informar sobre los trabajos de rehabilitación de la mina Cananea, a la que ahora le cambiaron el nombre y le llaman Buenavista, robustece la tesis de que Lozano se encuentra al servicio de esa empresa y en contra de los auténticos trabajadores de esa mina.

Insistió en que la huelga de Cananea es legal. Así lo resolvieron jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, no una sino cinco veces, y en vista de las resoluciones, Larrea y Lozano inventaron entonces un proceso ilegal para dar por terminada la huelga. Arguyeron que la mina no se puede explotar por daños causados, lo que calificaron falazmente como causa de fuerza mayor, y así dieron por terminadas las relaciones laborales con los trabajadores de Cananea. Pero Lozano, en la declaración conjunta con Grupo México del día de ayer, hace pública la plena reapertura de la mina. Ello significa que mintieron al declarar terminadas las relaciones con los trabajadores pretextando que la mina debía cerrar por los daños ocasionados en la misma. Un fraude a la ley que se comprueba con su reapertura. Los tribunales mexicanos e internacionales tendrán que dar la última palabra sobre este atropello.

Por otra parte, el sindicato planteó que el funcionario, al señalar que le consta que el secretario general del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, quiso chantajear a Grupo México para levantar la huelga de Cananea, exigiendo para ello que se retiraran las órdenes de aprehensión en su contra y la entrega de 100 millones de dólares por daño moral, tendrá que responder ante las autoridades penales por tal calumnia.

Recalcó que esta afirmación ya la había hecho anteriormente el funcionario y no pudo sustentarla cuando el senador Ricardo Monreal le exigió pruebas. Ante la solicitud del legislador Lozano sólo agachó cobardemente la cabeza, desvió la mirada y no respondió nada.

Agregó que desde el mes de julio de 2008 el funcionario se encuentra acusado de abuso de autoridad en la averiguación previa 91/UEIDCSPAJ/08 en la Procuraduría General de la República, y que a más de tres años, y no obstante que han querido archivar la averiguación previa en cuatro ocasiones, la denuncia sigue viva y seguirá estándolo después de que deje su cargo.