El titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, aseguró que el riesgo de la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales va más allá del resultado específico de una contienda, porque los empresarios del crimen lo que pretenden es garantizar cómplices en las instituciones, en una lógica de corrupción. Pretenden dar pasos a una lógica perversa de simbiosis entre un estado criminal y el Estado legítimamente constituido, particularmente en aspectos del ámbito local.

Al participar en el segundo Foro sobre las Democracias Latinoamericanas, sostuvo que no se trata de escandalizarnos, sino de reconocer el problema, de actuar con responsabilidad y, sobre todo, de repudiarlo unánimemente. Pidió que no haya espacio para el titubeo, que se repudie con contundencia y se pase a la acción, pues cada quien debe preguntarse si está haciendo lo suficiente para reducir este riesgo.

Poiré dedicó gran parte de su participación en la mesa de clausura del foro a respaldar el discurso del presidente Felipe Calderón sobre el riesgo que implica que el crimen organizado se involucre en los comicios: Reconozcámoslo, este fenómeno va mucho más allá del resultado específico de una elección; tenemos dos alternativas: negar el fenómeno o reconocerlo, dimensionarlo y combatirlo.

Insistió en que no sólo se trata de las elecciones en Michoacán, con un desplegado amenazando a los votantes, sino del asesinato de un candidato a gobernador, de las intimidaciones y levantones de aspirantes a otros cargos, de las denuncias hechas por diversas fuerzas políticas. “Para nadie es un secreto que las organizaciones criminales tienen interés en intervenir en distintas zonas, directa o indirectamente, en la representación de lo público, lo que exige compromisos plenos de los candidatos y partidos para cerrarles las puertas y denunciar cualquier amenaza.

Por su parte, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, demandó que los partidos asuman compromisos de que actuarán ajustados a la ley para erradicar cualquier práctica que sea contraria al estado de derecho y repudien cualquier intento por violarla. Tras informar sobre acercamientos del IFE con el Instituto Electoral de Michoacán para conocer su postura, mencionó que el papel del organismo a su cargo es vigilar la equidad de la contienda.

Lo importante es que, con pactos o sin pactos, todos los actores políticos acaten la ley, se sometan a las decisiones que las autoridades electorales debemos tomar para la organización de las elecciones y, de esa manera, podamos avanzar en la construcción de la democracia en este país.

Sobre la eventual anulación de los comicios por la injerencia del crimen organizado, remitió a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, que contiene las diferentes causales de nulidad, pero –advirtió– serían los tribunales electorales los que decidan.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, consideró que en México hay un Estado y una sociedad fuertes, capaces de contener el desafío del crimen organizado, el cual –dijo– se encuentra muy focalizado. Sin embargo, reconoció que el problema del narcotráfico como riesgo es regional, aunque con diversa intensidad.

Consideró que, en especial, México y Colombia enfrentan con mayor intensidad esta presencia, pero ofreció datos que reflejan la generalidad del problema: de los 3 millones 600 mil presos que hay en América Latina, 1.2 millones purgan condenas por delitos asociados al narcotráfico. Recuperando datos dados a conocer en el foro, afirmó que producir un kilo de cocaína cuesta 950 dólares, y venderlo en Estados Unidos alcanza hasta 180 mil dólares.