Dos días después de que la Cámara de Diputados solicitó al Presidente de la República que separe temporalmente de su cargo al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, para no afectar las investigaciones en las que presuntamente se involucraba a su esposa con una red de funcionarios que extorsionaban a propietarios de gasolineras, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el Ministerio Público Federal exoneró a la ex subprocuradora de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) Gladys López Blanco, cónyuge del funcionario.

La Procuraduría federal difundió ayer en un boletín de prensa que no encontró elementos de prueba que involucren a la esposa del secretario de la Función Pública con una banda de extorsionadores, grupo del cual ya han sido sentenciados siete ex verificadores de la Profeco.

La PGR indicó: al no acreditarse participación en actos de extorsión de la ex subprocuradora, el agente del Ministerio Público de la Federación determinó el no ejercicio de la acción penal. Derivado de las diligencias desahogadas, consistentes en declaraciones de propietarios, representantes legales y trabajadores de gasolineras, no se acreditó la participación de López Blanco en actos de extorsión.

Hace unos meses la PGR negó que investigara a López Blanco, sin embargo, la notoriedad del caso generó que semanas atrás la titular de la PGR reconociera, al comparecer ante diputados federales, que la ex funcionaria de la Profeco estaba bajo indagación.

Ayer, la PGR informó que la “investigación se inició el 24 de noviembre de 2009, con motivo de una denuncia anónima en la que se señalaba que presuntos servidores públicos de la Profeco extorsionaban a gasolineros, exigiéndoles cuotas mensuales.

Durante las pesquisas se recabó documentación bancaria, declaraciones patrimoniales y fiscales, así como peritajes, entre otros, que concluyeron que existió congruencia en los estados de cuenta bancarios de la ex funcionaria López Blanco con lo declarado al Servicio de Administración Tributaria, no acreditándose el delito.