l pasado mayo el secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar, en la sesión mensual de la Canadian Chamber of Commerce in Mexico, aseguró a los canadienses que los ejidos mexicanos están listos para recibir inversión a través del Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP), operado por la Procuraduría Agraria; informó que 90 por ciento de los 31 mil 628 núcleos agrarios del país están regularizados y que en ellos las instituciones agrarias han inducido inversiones por más de 86 mil millones de pesos. El FIPP, según el funcionario, está diseñado para impulsar alianzas entre ejidatarios e inversionistas que contribuyan a liberar el potencial creativo de las zonas rurales. Cifras de la misma Reforma Agraria muestran que el potencial creativo se ha traducido en proyectos industriales, mineros, turísticos y de urbanización, que en conjunto representan 95 por ciento de la inversión aplicada al día de hoy en ejidos y tierras de comunidad a través del FIPP, lo que contrasta con el 3 por ciento de inversión destinada a producción agropecuaria y con el uno por ciento para proyectos de preservación ecológica.

Por su parte, Rocendo González, procurador agrario, afirmó que la política de Felipe Calderón está cambiando la realidad del campo mexicano, al dar a la tierra usos más eficientes y productivos por conducto del FIPP. No es de extrañar entonces que González e integrantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas acudieran en octubre a un encuentro en Vancouver, patrocinado por las grandes corporaciones mineras canadienses, a negociar inversiones y ofrecer toda la asesoría jurídica de la Procuraduría Agraria (encargada originalmente de la defensa de los campesinos) para gestionar con ejidatarios y comunidades acuerdos que permitan proyectos de extracción de minerales. González expuso, ante una nutrida audiencia de empresarios mineros de Canadá, el potencial de negocios que ofrece el campo mexicano; afirmó que 70 por ciento del territorio nacional es apto para explotar yacimientos de clase mundial, léase de metales preciosos mediante megaminería de tajo a cielo abierto. Fue, según los funcionarios, un diálogo sobre el acceso a la tierra, con especial atención en los territorios indígenas.

La distorsión de la Reforma Agraria como oficina de negocios complementa las estrategias de la Secretaría de Economía para que las mineras puedan lograr el dominio de los territorios que desean explotar sin importar su naturaleza (reserva ambiental, valor histórico, uso forestal o agropecuario, etcétera). Estamos ante una política de Estado que ha provocado lo que Claudio Garibay define como desposesión campesina por acumulación minera, configurando una de las etapas más críticas para el campo mexicano al multiplicarse, por acción de este modelo de mercantilización de la tierra, la pérdida irreversible de sus recursos bióticos, sociales y culturales. Dicho modelo permite a las mineras instrumentar conflictos entre los dueños de la tierra y potenciar contradicciones sociales, inhibiendo la posibilidad de concebir como un interés colectivo y prioritario la defensa del territorio, sujeto a valoraciones diferenciadas. De ahí la soberbia y ambición de las mineras canadienses por explotar oro en nuestro país mediante tajos a cielo abierto. El caso de Lake Shore Gold (LSG) en Wirikuta es un ejemplo más.

Creada en 2002 en Toronto, LSG es una agresiva minera junior que en 2009 adquirió las concesiones de Timmins West Gold en México. A enero de 2011, LSG registraba en la Dirección General de Minas cinco proyectos de exploración, entre ellos el Proyecto Universo, que abarca 3 mil kilómetros cuadrados del sur del desierto de Chihuahua ubicados en los municipios de Vanegas, Catorce, Charcas, Santo Domingo (SLP) y Mazapil (Zacatecas). Universo colinda al noroeste con el Proyecto Camino Rojo de la canadiense Gold Corp, ubicado en Mazapil-Villa de Cos y con 3 mil 389 kilómetros cuadrados; y hacia el norte con el Proyecto Nuevo Mundo, de la canadiense MAG Silver Corp, ubicado entre Mazapil, Concepción del Oro y Vanegas, con mil 200 kilómetros cuadrados. Los tres proyectos han hallado en el subsuelo oro disperso y se ubican en un rango de entre 50 y 100 kilómetros de distancia de Peñasquito, en Mazapil, la mina de oro más grande de América Latina, donde Gold Corp desarrolla dos gigantescos tajos a cielo abierto.

El Proyecto Universo involucra casi 50 por ciento del Sitio Sagrado Natural y Cultural de Wirikuta, donde LSG ha realizado barrenos y exploraciones de superficie para determinar una tendencia de 24 kilómetros de ocurrencias de oro; con estos resultados realiza nuevos estudios y sondea el ánimo de los ejidatarios y propietarios de la zona, además de plantear un posible escenario minero regional similar al Carlin Trend de Nevada, Estados Unidos. Carlin Trend es una franja de casi 100 kilómetros de largo por 10 de ancho, con tres minas subterráneas y cinco tajos a cielo abierto que forman en conjunto el yacimiento de oro más productivo de todo el hemisferio occidental, propiedad de la estadunidense Newmont, que en 1965 abrió el primer tajo a cielo abierto del mundo para extracción de oro disperso. El sueño canadiense de LSG implica una alianza con Gold Corp y MAG Silver para crear el yacimiento de oro más grande del orbe, mediante una sucesión de tajos a cielo abierto desde Charcas hasta Mazapil, con la destrucción, desecación y contaminación del sur del desierto de Chihuahua.

La defensa de ese enorme territorio es compleja, sobre todo en Wirikuta, sitio sagrado wixárika sistemáticamente afectado por proyectos de ecoturismo, turismo etnofolclórico, agroindustrias, traficantes de peyote y seudochamanes urbanos. Wirikuta se distribuye en cinco municipios y la propiedad de la tierra se reparte entre ejidos y pequeños propietarios, ajenos todos a la sacralidad que al sitio le confiere la cultura wixárika. Los wixaritari no habitan en la zona ni participan de la propiedad legal de la tierra, lo que debilita su influencia para preservarla y los deja a merced del gobierno y las ONG. Los ejidatarios, por su parte, han perdido control sobre el territorio y están expuestos a las ofertas de inversión nacional y extranjera. Wirikuta se encuentra así en el peor de los escenarios, por ello es urgente que sus habitantes y el pueblo wixárika se reconozcan y que éste, como lo ha señalado el escritor wixaritari Gabriel Pacheco, pueda suprimir intermediarios y recuperar sus mecanismos de autorrepresentación y resistencia.

*Investigador de El Colegio de San Luis, AC