En México se está produciendo una mezcla fatídica de impunidad, violencia extrema y abusos a los derechos humanos, que ya está llegando a niveles escandalosos y deja ver la falta de estructuras institucionales para combatir la criminalidad, ya que ahora es el propio gobierno el encargado de ejercerla o encubrirla.

Tal fue la advertencia que lanzó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional México (AI), que ayer festejó sus 50 años de existencia, y 40 desde que llegó al país.

Durante un acto realizado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, los activistas del colectivo fundado en 1961 por el abogado británico Peter Benenson pusieron de relieve la importancia de la lucha por las garantías individuales en todo el mundo, donde cualquier ciudadano puede participar, incluso con un acto tan aparentemente sencillo como escribir una carta.

Entrevistado antes de su participación en la ceremonia conmemorativa, a la que asistieron diversos activistas y defensores de derechos humanos, entre ellos Rosario Ibarra de Piedra, Herrera hizo un recuento de la situación que enfrenta el país en la actualidad en materia de garantías individuales, a la luz de las recientes agresiones sufridas por miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Lo que estamos viendo es una crónica anunciada, es lo que hemos venido diciendo desde hace años en términos de la necesidad de que el gobierno mexicano genere condiciones para que las y los defensores de derechos humanos podamos trabajar en condiciones de seguridad en nuestro país, aseveró.

Los asesinatos de Trinidad de la Cruz, Nepomuceno Moreno y Pedro Leyva, así como el atentado contra Norma Andrade y el secuestro de Eva Alarcón y Marcial Bautista, forman parte de una ola de violencia que no está siendo correctamente atendida por las autoridades, y no es espontánea, no nace de la nada ni es inexplicable.

Este fenómeno, subrayó, tiene sus raíces en un actuar negligente de las autoridades, tanto de las federales como las estatales y municipales de gran parte del país. No es posible que a tantos años de haber insistido en la necesidad de crear un mecanismo permanente de protección permanente a defensores de derechos humanos y periodistas, no esté en su lugar y funcionando, lamentó.

La negativa sistemática de las autoridades en este sentido, indicó, no es un problema de recursos ni técnico. No entendemos cuál es, pero el resultado ahí está. Es una cantidad verdaderamente apabullante de agresiones contra defensores, sobre las cuales el gobierno va tener que rendir cuentas.

México se ha vuelto la tierra del absurdo, de la lógica inversa, en donde a un sacerdote que ha dedicado su vida a defender a los migrantes; como Alejandro Solalinde, lo acusan de abandono de migrantes, donde una mujer que busca justicia para su hija asesinada, es asesinada. Tenemos que reflexionar sobre cómo reconvertir esta lógica y sólo a partir de la acción colectiva coordinada lo vamos a hacer.