El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que este organismo –dependiente de la Secretaría de Gobernación– no promovió la denuncia derivada de la cual el sacerdote Alejandro Solalinde compareció el jueves en calidad de indiciado ante la Procuraduría General de la República.

El Instituto respondió que la denuncia por presuntos delitos (sic) fue interpuesta por un migrante guatemalteco por decisión propia y el INM cumplió con dar vista a la PGR.

El sacerdote, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, dijo el jueves que Migración encabeza una estrategia intimidatoria en su contra.

Solalinde fue acusado del delito de abandono, en Oaxaca, de un migrante centroamericano que pedía ser llevado a la ciudad de México para la atención de un problema de salud.

El hermano guatemalteco siguió su ruta pero los agentes (de Migración) lo detuvieron en Puebla; ellos fueron quienes lo obligaron a acusarme, dijo el sacerdote.

Desde la noche del jueves y este viernes, el INM emitió una nota informativa para fijar su postura.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresó su preocupación ante la posible criminalización del fundador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, luego que fuera citado a declarar ante la PGR por presuntamente abandonar a un migrante.

En un comunicado, manifestó que los defensores de derechos humanos colaboran con la sociedad para exigir que se respeten las garantías individuales, responsabilidad primordial del Estado, y con este tipo de acusaciones invisibilizan dicha responsabilidad y acrecientan el clima de riesgo y violencia que viven los activistas.