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Fueron despedidos ilegalmente, aseguran trabajadores del ayuntamiento

Edil hidalguense se niega a cumplir laudo que le obliga a indemnizar a 42 empleados
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 11 de diciembre de 2011, p. 26

Atotonilco de Tula, Hgo., 10 de diciembre. A tres semanas de concluir su gestión, el alcalde de esta localidad, Julio César Ángeles Mendoza, se niega a cumplir el laudo emitido el 28 de agosto de 2009 por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que le obliga a pagar 10 millones de pesos por indemnizaciones, salarios caídos y prestaciones a 42 empleados del ayuntamiento despedidos injustificadamente.

Israel Meneses Valencia, vocero del grupo de empleados que lucha por la reinstalación y/o pago de indemnizaciones, informó que el munícipe, del Partido Verde, ha exhibido desprecio a las autoridades del trabajo y los tribunales, pues ante el fallo que le ordena cubrir esa cantidad a los quejosos responde con improperios y amenazas.

El alcalde dice que no pagará nada porque somos una bola de zánganos y oportunistas, aun cuando la propia secretaria del Trabajo del estado, Mayka Ortega Eguiluz ha reconocido el clima de inestabilidad laboral que priva en este ayuntamiento.

El 28 de julio pasado, por gestiones de los empleados despedidos y a fin de garantizar las indemnizaciones, el Tribunal de Arbitraje del estado incautó al ayuntamiento tres cuentas bancarias con recursos federales, que actualmente se encuentra en litigio debido a que el síndico procurador Rosalío Estrada Mendoza promovió un amparo.

En declaraciones a los medios locales, el alcalde Ángeles Mendoza ha dicho que él no pagará pues los empleados fueron despedidos por su antecesor, el priísta René Álvarez, no obstante que la demanda fue presentada contra el ayuntamiento de Atotonilco de Tula y el laudo en favor de los empleados fue dictado el 28 de agosto de 2009, ya en su gobierno.

El alcalde argumenta que el gobierno municipal carece de recursos, pero durante el pasado proceso electoral en un video de YouTube dice contar con 10 millones de pesos que utilizaría en beneficio de comunidades dispuestas a respaldar a Joaquín Tovar, entonces candidato del PVEM a edil.