El gobierno mexicano no ha terminado de entender que cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una responsabilidad ineludible, y aunque no tiene un aparato que le permita hacerlo de forma cabal, ha mostrado falta de imaginación y voluntad política para resolver el problema.

Tal fue una de las conclusiones del foro Impacto de la ejecución de las sentencias de la CIDH. Retos en los órdenes jurídicos nacionales, realizado jueves y viernes pasados en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación de funcionarios, académicos y víctimas de abusos de derechos humanos.

El investigador Jorge Carmona, quien coordinó el encuentro junto con Édgar Corzo y Pablo Saavedra, explicó en entrevista con La Jornada que el principal objetivo fue analizar de manera detallada cuáles serían las implicaciones de las sentencias de la CIDH para el sistema jurídico del país, y tomar referencias de lo que ha ocurrido en otras naciones en circunstancias similares.

Uno de puntos básicos del debate fue dejar claramente establecido que las resoluciones de la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio, y no pueden estar sujetas a ninguna interpretación legal interna.

Aunque en el foro se subrayó que el marco jurídico del país aún necesita modificaciones o arreglos para cumplir las sentencias –como diseñar una ley específica, por ejemplo–, también se dijo que ese obstáculo podría salvarse si hubiera voluntad política.

Todavía no tenemos un esquema suficiente, sólo un marco normativo básico, e incluso precario, como reconocieron las mismas autoridades. Pero varios países han solucionado sus casos concretos y han adoptado medidas para cada uno de ellos. No podemos utilizar la falta de una ley como un pretexto para no cumplirlas, advirtió.

Experiencias de países como Argentina, Colombia, Brasil, Costa Rica y Perú, dijo, pueden servir como ejemplo de que las carencias jurídicas son superables con creatividad.

En el otro extremo, las autoridades mexicanas no tienen un sustento jurídico para sus acciones. Falta voluntad política a todos los niveles, no sólo en el federal.

El gobierno del país, lamentó, parece no saber cómo ejecutar las sentencias. Nos hace falta una ley para llenar huecos normativos.