En vez de limitarse a reunir datos para coloquios y foros, la antropología mexicana tiene ante sí el reto de comprometerse con los sectores más desprotegidos del país y retroalimentar las luchas de los pueblos contra las políticas de un Estado etnocida, afirmó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera.

Durante un homenaje que se le rindió el pasado viernes en reconocimiento a su trayectoria, en el primer encuentro de egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el activista puso de relieve la necesidad de replantear el trabajo de los científicos sociales, para hacerlos participar con mayor fuerza en la resolución de los grandes problemas nacionales.

Necesitamos una antropología que se vuelque más en el compromiso con los derechos de los sectores más vulnerables, y no sólo en la investigación, porque en vez de fortalecer a los pueblos, más bien los ha debilitado. Ahora nos encontramos con un Estado cuyas políticas públicas consisten en atentar contra el territorio de los pueblos indígenas, integrarlos de manera forzosa y negarles sus derechos fundamentales, señaló.

El desafío es urgente porque en años recientes los gobiernos se han dedicado a criminalizar a los sectores que se oponen a sus objetivos, y a aplicar políticas etnocidas que sólo favorecen el saqueo de la riqueza natural y cultural de las comunidades.

Esta actitud de reivindicación y compromiso, dijo, es parte del trabajo de Tlachinollan, organización que ha acompañado las luchas contra la hidroeléctrica de La Parota, o los proyectos mineros en la región de la Montaña guerrerense, entre otras.

En el homenaje a Barrera estuvieron presentes la indígena Valentina Rosendo Cantú, agredida sexualmente por soldados en 2002; Cirilo Plácido Valerio, uno de los fundadores de la policía comunitaria en Guerrero, y los antropólogos Aída Hernández y Elio Masferrer.

Consultado sobre el clima de persecución y violencia que padecen los activistas, el director de Tlachinollan consideró que se trata de la expresión más clara de la debacle de esta política impuesta por el gobierno federal, que en lugar de atender los reclamos de la sociedad y proteger a las víctimas, muestra su desprecio por ellas y su falta de compromiso para acabar con la impunidad.

En la actualidad, lamentó, vivimos momentos dolorosos, porque vemos que las fuerzas oscuras en diferentes regiones siguen en connivencia con las autoridades, y en contra de una sociedad inerme.