Más de 200 organizaciones civiles y en particular de defensa de los derechos humanos de todo el país condenaron el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Criticaron la brutalidad policiaca y exigieron una pesquisa inmediata, así como castigo a los responsables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició una queja de oficio y envió visitadores para realizar la investigación correspondiente.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) prácticamente de todo el país exigieron “una investigación expedita, imparcial y efectiva de la violencia policial que culminó con la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes, y el pleno respeto al derecho a protestar de los normalistas de Ayotzinapa, de la sociedad guerrerense y la mexicana en su conjunto”.

La CNDH sostuvo que permanecerá atenta a la actuación de servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley, de las investigaciones que emprendan para el esclarecimiento de estos hechos, lamentables y condenables, que por ningún motivo deben quedar impunes.

La comisión agregó que, en el marco de la reforma constitucional promulgada en junio pasado, es muy importante que la actuación de toda autoridad se realice con absoluto respeto a los derechos humanos.

El presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el sacerdote Miguel Concha Malo, manifestó que faltó sensibilidad a los gobiernos del estado y federal “para atender las demandas de los estudiantes. Según las notas periodísticas que he leído, participaron policías federales, estatales y municipales, y hasta militares. Es grave que participen en estas tareas los militares, pues no están preparados para estos operativos.

La situación es muy preocupante; seguimos padeciendo asesinatos, desapariciones, lesiones, amenazas contra defensores y militantes de organizaciones. Hubo uso excesivo de la fuerza contra los estudiantes, desproporcionado. ¿Cómo envían policías y militares armados contra estudiantes? Es inadmisible.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, condenó el asesinato y aseveró que es gravísimo que el gobierno haya decidido atacar a un movimiento estudiantil en lugar del diálogo y la atención de sus demandas. Son señales de intolerancia y una violación a los derechos humanos, porque los estudiantes normalistas son defensores del derecho a la educación.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, sostuvo que esto habla mal de un gobierno que se niega a abrir espacios de diálogo. Siempre es cuestionable que el gobierno recurra a la represión antes que a la solución de los problemas; además, está atentando contra el derecho a la protesta y es condenable el uso excesivo de la fuerza.

Los hechos fueron condendos por más de 200 ONG de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Jalisco, Distrito Federal, estado de México, Colima, Puebla, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Tlaxcala, Coahuila, Hidalgo, Tamaulipas y Baja California, entre otras entidades.