El asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrido el pasado lunes en Chilpancingo, demuestra que el gobierno del país sigue buscando desaparecer estos centros de estudio a como dé lugar, y le incomoda el carácter crítico de sus egresados, señalaron activistas de organizaciones de derechos humanos, al tiempo que Amnistía Internacional y otros colectivos manifestaron su repudio por este delito y llamaron a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, señaló que los homicidios de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús son uno de los más graves abusos que puede cometer cualquier gobierno.

La muerte de los dos jóvenes nos hace sentir indignados, y más viniendo de un gobierno que se jactaba de que no iba a reprimir, sino a dialogar y buscar soluciones a los problemas que se les han planteado, dijo en charla telefónica.

Desde hace años el Estado mexicano quiere desaparecer las normales rurales, porque en ellas han estudiado hijos de campesinos, que tienen una visión objetiva de la realidad que viven los sectores más pobres, y adquieren conocimiento para hablar a su gente con la verdad, afirmó Olivares, quien anunció que se buscará promover un juicio político contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Santiago Aguirre, integrante del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, también con sede en Guerrero, recordó que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tenían por lo menos un mes demandando una audiencia con el titular del Ejecutivo local para plantearle reivindicaciones básicas, entre ellas el aumento de la matrícula y el presupuesto, y mejoras en las condiciones de trabajo de la escuela, sin que sus solicitudes fueran atendidas.

El abogado manifestó su preocupación por la criminalización que sufren los normalistas y que causa la paradoja de que ellos no encuentren trabajo, y al mismo tiempo haya muchas escuelas sin maestros en las zonas rurales.

Por su parte, Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional para México, aseveró que las autoridades mexicanas deben explicar lo sucedido con la policía y la razón por la cual ésta respondió ante la protesta llevando a estos estudiantes a la muerte.

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad también exigió castigo para los responsables del asesinato, al tiempo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que ya ha comenzado una queja de oficio por lo ocurrido.

En la ciudad de México, alrededor de 150 estudiantes, maestros y miembros de diversas organizaciones sociales bloquea- ron Eje Central a la altura de Madero para manifestar su repudio al asesinato, sin que hubiera mayores incidentes.