Con el objetivo de frenar las fiestas clandestinas en las que se ofrecen bebidas alcohólicas y drogas a jóvenes estudiantes, diputados locales de PRD, PAN, PRI y PVEM aprobaron ayer reformas al Código Penal del Distrito Federal para sancionar con cárcel de cinco y hasta siete años a las personas que organicen o alquilen sus inmuebles para ese tipo de celebraciones, e incluso, sus viviendas podrán ser decomisadas y pasar a dominio de las autoridades capitalinas.

El dictamen correspondiente señala, además, la aplicación de una multa de hasta mil 500 días de salario mínimo (cerca de 90 mil pesos) para quienes resulten responsables de ese tipo de ilícitos, los cuale tendrán el carácter de delito grave, con lo que los implicados no podrán salir libres bajo fianza.

De acuerdo con la promotora de esa iniciativa, la diputada del PRD Lizbeth Rosas Montero, la próxima semana estará presentándose ante el pleno de los diputados ese dictamen para que se vote y una vez que se publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal pueda entrar en vigor antes de que termine este año.

La legisladora perredista manifestó que las fiestas clandestinas se han multiplicado por distintos puntos de la ciudad de México, sobre todo en zonas cercanas a las escuelas de nivel secundaria o bachillerato, que con el nombre de tardeadas invitan a los jóvenes a un domicilio particular en donde se vende alcohol y distintos tipos de drogas.

Esa es una problemática muy antigua, y tanto los vecinos como las autoridades están con las manos atadas porque no hay una norma que sancione a los dueños de inmuebles o terrenos que los prestan para hacer ese tipo de fiestas o ellos mismos las organizan; en esas reuniones particulares no hay control, no se checa la edad de los jóvenes, se hacen ya a todas horas y todos los días, expresó.

Por ello, dijo, ahora se va a sancionar con cárcel de 5 a 7 años y sanción económica de mil 500 salarios mínimos, además de que las viviendas estarán sujetos a extinción de dominio.

Añadió que para que puedan aplicarse esas sanciones será necesario que los padres de familias, o los jóvenes o cualquier otra persona presente la denuncia respectiva ante las autoridades judiciales y se pueda actuar en consecuencia, así ya no se seguirá afectando la salud de los jóvenes de esta ciudad.