Diversas organizaciones de derechos humanos dieron a conocer una carta pública en la que manifiestan su rechazo a la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el sacerdote Alejandro Solalinde, a quien pretenden involucrar en el delito de abandono de personas, y subrayaron que la obligación de proteger a los migrantes indocumentados sólo corresponde al Estado.

En la misiva, dirigida al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, se señala que es preocupante la intención de la PGR de incriminar al director del albergue Hermanos en el Camino por el supuesto acto de dejar a su suerte a Juan Francisco Silvestre, un trabajador indocumentado de origen guatemalteco.

Al respecto, le reiteramos que la responsabilidad de atender las necesidades de las personas migrantes es exclusiva del Estado mexicano y las acciones que realizan la sociedad civil y la Iglesia sólo son parte de nuestro compromiso humanitario. En este sentido, manifestamos nuestro rechazo a la criminalización de la labor que efectuamos en favor de esta población, señalaron.

La carta, firmada por más de 20 colectivos especializados en el tema de la migración irregular –entre ellos Sin Fronteras, Familia Latina Unida y el Movimiento Migrante Mesoamericano–, indicó asimismo que debe respetarse el acceso de los indocumentados a la salud y la justicia.

Las organizaciones hicieron notar la prontitud con que después fue atendido Silvestre por el INM, ya que en un día salió de la estación migratoria y obtuvo un documento de libre tránsito, y pidieron que todas las personas en la misma situación reciban trato similar.

También solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los medios de comunicación que fortalezcan su presencia en las estaciones migratorias y acompañen a las organizaciones en casos de personas con el mismo perfil de Silvestre.