La decisión de trasladar al fuero civil el caso del asesinato del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, ocurrido en 2009 en un retén de las fuerzas armadas en el estado de Guerrero, es un fallo histórico que puede sentar precedentes para que otros asuntos similares sean analizados de la misma forma.

Así lo afirmó Santiago Aguirre, integrante del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien esperó que dicha resolución sirva para que el juicio de amparo finalmente sea una herramienta en favor de las víctimas de abusos por parte de soldados.

Como se publicó en estas páginas el miércoles pasado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el juez sexto de distrito del centro auxiliar de la segunda región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, determinó que el asesinato de un civil –en ese momento no se reveló su nombre— a manos de un soldado debe desahogarse en el fuero civil ordinario, y no en el militar.

Rubio Villegas, recordó Aguirre en entrevista con La Jornada, era un joven nahua originario de la comunidad de Tlatzala, Guerrero, quien el 20 de junio de 2009 viajaba hacia el Distrito Federal en un autobús de línea comercial, cuando un retén del 93 batallón de infantería del Ejército detuvo el vehículo para revisarlo.

Uno de los 40 pasajeros que en ese momento se encontraban a bordo portaba botas militares, por lo que los soldados comenzaron a interrogarlo, lo que retrasó la partida del autobús. De acuerdo con testimonios, el chofer decidió por su cuenta reiniciar la marcha del camión, lo que fue interpretado por los militares como una muestra de desobediencia, por lo que abrieron fuego contra las ventanas del vehículo, que en ese momentos estaba lleno de gente.

La única persona fallecida en el incidente fue Bonfilio Rubio, y aunque en sus primeras indagatorias el agente del Ministerio Público sólo encontró la mochila del indígena, el Ejército pidió que se realizara una segunda revisión del autobús, en la cual, casualmente, se encontraron paquetes de mariguana, lo que hace pensar que dichas pruebas fueron sembradas para evadir la responsabilidad de los soldados en el asesinato.

Luego de que el caso fuera enviado a la justicia militar –donde reclasificaron el homicidio como culposo en vez de doloso–, los familiares de la víctima interpusieron un juicio de amparo, que a final de cuentas se resolvió favorablemente para ellos, puesto que el juez Carlos Alfredo Soto Morales determinó que las normas del fuero castrense son anticonstitucionales, por lo que el tema deberá analizarse en cortes civiles.

El fallo es muy importante, porque se trata de la primera vez en que el amparo sirve para proteger a la población, y puede ser referente para otras personas. Por como se dieron los hechos, es un caso paradigmático y ejemplar de cómo ocurren los abusos militares, porque el uso de la fuerza por parte del Ejército no es el adecuado y hay un intento de estigmatizar a la víctima, explicó el abogado.

Se trata, insistió, de un parteaguas, porque de aquí en adelante las personas pueden acudir al amparo con la certeza de que se les debe proteger. El traspaso a la justicia civil todavía no se concreta, porque el Ejército puede recurrir el fallo y retrasar su cumplimiento. La parte tramitológica va a ser inédita, porque no está construido este procedimiento.