El Programa Oportunidades pasa por alto los derechos de las mujeres indígenas, ya que no toma en cuenta la pertenencia de éstas a un pueblo originario; asimismo refuerza el papel social de las mujeres como responsables del cuidado del hogar y los hijos, lo que impide su empoderamiento y evita la deconstrucción de prácticas patriarcales, señala el diagnóstico El Programa Oportunidades y los derechos de las mujeres indígenas de México, elaborado por la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos en la región mixe de Oaxaca y que contó con la asesoría de Servicios del Pueblo Mixe y la organización canadiense Derechos y Democracia.

El estudio, realizado en la comunidad mixe de Jaltepec de Candayoc, Oaxaca, considera que la aplicación de políticas públicas de una manera universal puede provocar discriminación al no tomar en cuenta los elementos culturales y políticos de la realidad indígena.

El otorgamiento del dinero de Oportunidades a las mujeres se pretende como una acción afirmativa con enfoque de género; sin embargo, las analistas consideran que esta situación redita el papel tradicional de las mujeres como cuidadoras del hogar y la crianza de los hijos, al hacerlas responsables también del cumplimiento de las condicionantes para la entrega del apoyo económico por parte de Oportunidades.

Este es un programa creado por el gobierno federal para apoyar a más de 21.2 millones de mexicanos que viven en pobreza alimentaria –según el último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– y que centra sus esfuerzos en mujeres, niños y jóvenes; tiene presencia en más de mil 200 municipios del país y el monto con el cual operará en 2012 asciende a 68 mil 873.2 millones de pesos para el total de la población vulnerable.

Otro de los factores analizados es la competencia lingüística del personal de Oportunidades; el estudio muestra que salvo en algunas regiones del estado de Chiapas, no se encontraron promotores que cuenten con competencias suficientes para ser traductores lingüísticos y culturales en contextos monolingüísticos.

Asimismo, la totalidad de los documentos y la operatividad se da completamente en castellano, lo cual dificulta el acceso a este programa a aquellas personas que sólo hablan una lengua indígena.

El trabajo, elaborado bajo la coordinación de Carmen Herrera y Julia Suárez, integrantes de la organización Abogadas por la Justicia, indica que el plan de apoyo federal no garantiza a las comunidades indígenas la información clara, sencilla y oportuna sobre la operación del mismo, al no transparentar en algunos casos cuáles son las familias que pueden ser beneficiarias.

Es necesario, se señala en el documento, revisar el diseño y operación del programa, para que éste respete la autonomía de los pueblos indios, tome en cuenta su cultura y forma de vida y armonice su contenido desde las perspectivas de género y étnica.