Los gobiernos federal, de Oaxaca y Chiapas firmaron ayer con los comuneros de Santa María y San Miguel Chimalapa un acuerdo de distensión integral para garantizar la paz en esa región limítrofe de ambos estados, y terminar con el conflicto agrario derivado del reparto de tierras originarias de los zoques.

El acuerdo incluye la retirada de los policías estatales y mantener sólo al Ejército, garantizar el libre tránsito de los pobladores de la región, garantías de libertad, seguridad y respeto a los derechos humanos, y que las negociaciones se inicien a la brevedad posible con el consenso de las dos comunidades.

El convenio se firmó ayer en la Secretaría de Gobernación, donde se instaló una mesa de diálogo; sin embargo, la semana pasada el conflicto se avivó debido a que el Congreso de Chiapas aprobó crear el municipio Belisario Domínguez, que abarca seis ejidos, dos de los cuales están en Oaxaca.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, firmó el pacto junto con los gobernadores de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, y los representantes ejidales de Los Chimalapas.

Se pidió a los gobernadores ofrecer garantías a las autoridades agrarias y a los comisionados para que impulsen la solución del conflicto, que data de 1967, cuando se repartieron 590 mil de las 900 mil hectáreas de los zoques.

Además, se decidió que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) convoque a los núcleos agrarios involucrados a participar al diálogo directo que iniciaron las comunidades, denominado De campesino a campesino y de indígena a indígena.

En 1991 comuneros de Los Chimalapas iniciaron un proceso de conciliación e invitaron a los ejidatarios chiapanecos a reconocer la invasión de tierras de Oaxaca. El esquema funcionó hasta que intervino el entonces gobernador de Chiapas Patrocinio González Garrido. Gobernación indicó que retomar este mecanismo permitirá avanzar en la solución del conflicto, con un procedimiento consensuado.

Gobernación informó que Alejandro Poiré tenía instrucciones del presidente Felipe Calderón de dar prioridad al diálogo y cumplir las leyes para solucionar el conflicto agrario, y confirmó que se cumplirá puntualmente cada uno de los compromisos.

Aun cuando el miércoles el gobernador Gabino Cué confirmó que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para rechazar el acuerdo del Congreso chiapaneco que creó el municipio Belisario Domínguez, ayer en Bucareli sostuvo que el convenio es un paso muy importante, que al margen de cualquier diferencia refleja que sí podemos ponernos de acuerdo.

Cué resaltó que entre oaxaqueños y chiapanecos no caben los agravios, ni tratar de dirimir las diferencias con la violencia y la cerrazón, sino con la fuerza del diálogo y la comunicación.

Mientras, Juan Sabines afirmó que la solución de esta pugna es fundamental para el gobierno federal, para las dos entidades, así como para los ejidatarios y comuneros. Al igual que Cué, señaló que cualquier diferencia no puede estar por encima de la paz y la integridad física de las personas. Los comuneros señalaron que se trató de un acto de buena voluntad.

Mientras, persisten las denuncias por sobrexplotación maderera, invasiones, instalación de fincas cafetaleras y existencia de cacicazgos, así como reproches a los dos gobernadores por impulsar la ocupación de tierras.

La mesa interinstitucional se formó luego que cientos de indígenas zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa instalaron el primero de diciembre en las carreteras Panamericana y Transístmica del Istmo de Tehuantepec.

En noviembre observadores internacionales corroboraron la tala inmoderada en la reserva de los zoques, quienes también rechazaron una oferta de la SRA de 90 millones de pesos a cambio de 48 mil hectáreas para ejidatarios chiapanecos.