a semana pasada se terminó oficialmente la guerra de Irak. En forma callada enviaron las tropas a casa y abandonaron el país a la suerte de una democracia prendida con alfileres. La guerra, como se sabe, fue desatada por George W. Bush, presidente republicano, pero los demócratas que hoy ocupan la Casa Blanca se sintieron obligados a lavarle la cara al país. Declararon que valió la pena el sacrificio, y que se iban orgullosos de haber sustituido a un dictador con un gobierno democrático. Los iraquíes piensan diferente: Nos dejaron un país destrozado y sin esperanza. Se hizo el recuento de las bajas en los medios: 4 mil 500 soldados estadunidenses y 100 mil daños colaterales. Estos últimos no son como los nuestros. Son muertos con pedigrí. Tienen número de registro, nombre y apellido, fecha y causa de defunción; edad, oficio y lugar donde ocurrió la muerte. No se clasifican por montones, como los 26 de Guadalajara, los 35 de Boca del Río o los 70 de San Fernando. No se entierran en fosas comunes con los nombres genéricos de sicarios, o individuos con antecedentes, como dijo un ilustre gobernador.

En el quinto año de gobierno el Semanario Zeta fijó la cifra de nuestros muertos en 60 mil 420. Y como muchos son simplemente clasificados como sin datos, el gobierno federal no sabe quiénes son 46.38 por ciento de los muertos: http://bit.ly/rXrZIT. Son las cucarachas a las que se refirió Calderón en un desayuno con la Armada de México, usando un símil ofensivo (http://bit.ly/vMiUtS).

Aquéllos, los cien mil iraquíes, fueron clasificados por una ONG, Irak Body Count (http://bit.ly/mN4dd). Eran maestros, ingenieros, empresarios, empleados de gobierno, estudiantes, mecánicos, vendedores callejeros. Seres humanos como cualesquiera otros, sacrificados en busca de las armas de destrucción masiva inventadas por Bush y Dick Cheney para quedarse con las reservas petroleras de Irak.

Nuestros muertos, en cambio, sacrificados en aras de otra quimera presidencial (la erradicación del narcotráfico), aparecen burdamente clasificados en un ejecutómetro que lleva un conteo más deshumanizado: con mensaje, decapitados, torturados, hombres, mujeres. Pero nada más. No se identifican las víctimas ni se persiguen los delitos.

En los estados que cubrió el último reporte de Human Rights Watch (HRW) el organismo detectó fallas sistemáticas en las investigaciones, que han impedido que soldados y policías rindan cuentas. Y aunque la Procuraduría de Justicia Militar reconoció haber iniciado 3 mil 671 investigaciones por violaciones contra civiles, sólo condenó a 15 soldados: menos de 0.5 por ciento.

HRW considera que la práctica de descartar a las víctimas como delincuentes es consecuencia directa del doble discurso de Calderón. Por una parte predica que los derechos humanos son premisa central de su estrategia, y por la otra insiste públicamente que los abusos cometidos por militares no son ciertos, y que 90 por ciento de las víctimas son miembros de la delincuencia organizada. Ese doble discurso transmite a los funcionarios judiciales el mensaje de que las denuncias son infundadas, y por lo tanto no ameritan una investigación seria, e insinúa a las fuerzas de seguridad que sus abusos no serán cuestionados.

Pero como las prioridades son diferentes y los tiempos políticos son otros, hoy emerge Calderón como defensor a ultranza de los derechos humanos y crítico riguroso del Ejército. Anunció una nueva etapa en la lucha contra la delincuencia y siete acciones para ser más eficaces en la defensa de los derechos humanos (http://bit.ly/sa4H09). ¿Es un paso en la dirección correcta? ¿Fue el anuncio del regreso de los militares a los cuarteles? No. La nota de Claudia Herrera en La Jornada puso esas declaraciones en perspectiva: se dieron en el contexto de la pugna con el PRI por la supuesta intromisión del narcotráfico en los comicios, y dos semanas después de haber sido demandado en la Corte Penal Internacional. Ese es el verdadero Calderón. No el mandatario en campaña que supuestamente instruyó al gobierno a proteger a activistas, periodistas y candidatos; colaborar con la CNDH y acotar el fuero militar.

En 2008 Vincent Bugliosi, fiscal general de Los Ángeles, publicó un libro con los postulados que permitirían enjuiciar a Bush por las víctimas de Irak (The prosecution of George W. Bush for murder). Alegó que aquél, como comandante en jefe del ejército, era directamente responsable por enviar a las tropas a perseguir la mentira de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein.

Y en el caso de México es muy probable que el fiscal de La Haya descarte de entrada los motivos para justificar la guerra de Calderón: sin contar con información precisa ni confiable sobre los verdaderos riesgos del narcotráfico en 2006, sin haber saneado el sistema de justicia ni los cuerpos policiacos, y sin que hoy importen la rendición de cuentas ni la identidad de las 60 mil víctimas. Es evidente que la extradición ocasional de un puñado de capos mediáticos no justifica la masacre de 60 mil mexicanos.

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