Ante el desconocimiento de la dimensión del problema y la exigencia de organizaciones civiles de que se elaboren protocolos de atención a casos de personas desaparecidas por grupos criminales o consideradas no localizadas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por autoridades federales y estatales, elaborará una iniciativa de reformas a la legislación para simplificar los procedimientos de declaración de ausencia y de presunción de muerte, focalizando su objetivo en beneficio de los familiares.

La Jornada obtuvo copia de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública en que se menciona que en consideración al planteamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se elaboren protocolos de atención sobre el tema, se propondrán modificaciones legales que permitan una mejor búsqueda de individuos no localizados.

Hace unos meses, la CNDH emitió un reporte en el cual registró 5 mil 397 expedientes de personas extraviadas o ausentes –de 2006 a abril de este año–, en el que estimaba que en poco más de cuatro años de gobierno de Felipe Calderón y la guerra contra el crimen organizado, del total de desaparecidos, 3 mil 457 son del sexo masculino y mil 885 del femenino, y en 55 casos no se proporcionó al organismo dato alguno sobre el particular.

Asimismo, en el mismo periodo la comisión contaba con datos de 8 mil 898 fallecidos que no han sido identificados por las autoridades correspondientes, y entre ellos había casos de decesos por actos violentos.

La CNDH, por medio del Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, reúne los datos proporcionados por los familiares de individuos extraviados y les brinda orientación. Posteriormente, realiza acciones a escala nacional para contribuir a determinar las causas que propiciaron su ausencia, así como ubicar su paradero.

Sin embargo, durante las dos últimas reuniones nacionales de procuradores de justicia del país, la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, llamó a sus homólogos a crear una base de datos de desaparecidos y personas reportadas como no localizadas, a fin de conocer el tamaño del problema, dado que luego de las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010 y marzo de este año, con casi 400 víctimas, luego de meses de trabajo, los servicios periciales de la PGR no han podido entregar todos los restos.