l Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) discutió ayer, en una prolongada sesión extraordinaria y con marcadas diferencias en su seno, las restricciones impuestas previamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a las precandidaturas presidenciales únicas. Debe recordarse que el pasado miércoles el máximo órgano de justicia electoral resolvió que los precandidatos únicos no pueden realizar actos de proselitismo de manera abierta, porque podrían incurrir en actos de campaña anticipada. En respuesta, el aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador envió a ese órgano jurisdiccional un cuestionario en que pedía que las autoridades en la materia aclararan los alcances de los derechos de esos precandidatos a la libre expresión y a la libre asociación, y especificaran qué tienen permitido en el marco de la actual legislación comicial. Una vez que el TEPJF turnó la solicitud del tabasqueño al IFE, éste redactó un dictamen en que se afirmaba, entre otras cosas, que la ley electoral no establece una limitante respecto del tipo de actos que pueden realizar los precandidatos únicos, y que no había, en consecuencia, razón jurídica para limitar sus apariciones públicas ni para prohibirles hacer precampaña. Al cierre de esta edición, los consejeros del IFE habían acordado, por mayoría, permitir la presencia de los aspirantes presidenciales de unidad en actos públicos, pero limitar su presencia en anuncios de radio y televisión durante el tiempo que duren las precampañas.

La circunstancia descrita pone de manifiesto, en primer lugar, las imperfecciones de la actual legislación en materia electoral –la cual acusa, como puede verse, importantes lagunas conceptuales– pero, sobre todo, las dificultades de las autoridades en la materia para compensar tales deficiencias con criterio y sentido común. Si, como reconoció el propio IFE, la normativa vigente no establece una distinción entre los precandidatos presidenciales únicos y los que enfrentan contiendas internas en sus respectivos partidos, lo procedente sería que las autoridades garantizaran a unos y otros los mismos derechos. En cambio, la consideración del tribunal de que las actividades de los primeros deben estar limitadas para evitar una supuesta posición de ventaja respecto de los segundos resulta improcedente a la luz de la evidencia empírica: al día de hoy, por ejemplo, los tres precandidatos presidenciales del Partido Acción Nacional gozan de prerrogativas y presencia mediática privilegiadas respecto de los aspirantes de la oposición, y ello desvirtúa los alegatos del TEPJF de que las restricciones referidas obedecen a un afán de procurar equidad en las contiendas.

Un juicio similar merece el argumento de que los pronunciamientos de los y las aspirantes presidenciales no deben estar dirigidos a la población en general: llevado al extremo, semejante razonamiento podría conducir a la inviabilidad de las precampañas, pues resulta imposible asegurar, por ejemplo, que el público de los anuncios difundidos por radio y televisión esté constituido sólo por militantes y adherentes de determinado partido.

Por lo demás, cabe advertir que, con las limitaciones interpuestas a las precandidaturas únicas, el TEPJF exhibió una actitud cuestionable, no sólo por cuanto dio la impresión de favorecer a los aspirantes presidenciales del partido en el poder, sino también porque muestra una propensión a judicializar el proceso electoral y a contaminarlo con consideraciones legaloides. Para colmo, el propio tribunal acusa un déficit de credibilidad en su desempeño como juez electoral imparcial y confiable, habida cuenta de su cuestionable papel en la calificación del proceso electoral de 2006, el cual dio por bueno pese a haber detectado irregularidades graves.

En suma, por más que el resultado final de la votación en el seno del IFE implique una corrección –así sea parcial– a las injustas limitaciones impuestas por el TEPJF, el rumbo que adquirió la discusión en torno a los precandidatos únicos no sienta buen precedente de cara a 2012: da la impresión de que pudieran aparecer, de nueva cuenta, las interpretaciones facciosas de la ley, las posturas de las autoridades electorales a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas alternativas y progresistas, y otros vicios que contaminaron sobremanera el ambiente electoral hace cinco años.