Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero, compareció ayer ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, para manifestar lo que a su derecho convenga con relación a la queja que el pasado viernes presentaron estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en contra del mandatario estatal. En la reunión se le hizo saber el contenido la queja y se le indicó que se investigan violaciones graves de derechos humanos.

Las violaciones graves, se le precisó, son la privación de la vida de dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el pasado 12 de diciembre; la detención de 24 personas y los posibles actos de tortura y tratos crueles de al menos 15 personas que también fueron detenidas en el momento y en el lugar de los hechos.

En la comparecencia, que duró 45 minutos, se le informó a Aguirre Rivero que la CNDH le ha formulado una serie de informes y medidas cautelares que fueron contestadas a destiempo, informó posteriormente en conferencia de prensa el ombudsman nacional, y abundó que, en respuesta, el gobernador “se dijo un tanto extrañado respecto a que hubiera llegado tarde la respuesta –respecto a las medidas cautelares que se le solicitaron”.

Plascencia Villanueva detalló que el gobernador acudió porque fue citado a comparecer como parte de la investigación que realiza el organismo con relación a la acción de desalojo de la Autopista del Sol, en la que asesinaron a dos estudiantes normalistas. “Entregó tres documentos: uno en el que manifiesta diversas acciones que ha realizado su gobierno en materia de derechos humanos.

“Otro, con las medidas que han tomado –en su gobierno– con la normal de Ayotzinapa y las realizadas por servidores públicos de las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, y quedó pendiente otro informe sobre las acciones realizadas por elementos de la Procuraduría General de la República.”

Plascencia Villanueva resaltó que se analiza citar a comparecer a funcionarios federales, entre ellos el secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, y al propio director de la Policía Federal. El procurador estatal que renunció fue citado y ya compareció el jueves pasado.