En lugar de actuar como si el caso de la escuela normal de Ayotzinapa fuera un asunto de trámite, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tiene que ser separado del cargo, estar dispuesto a enfrentar las sanciones a que haya lugar por el asesinato de los dos estudiantes y por las omisiones cometidas al no atender a tiempo las demandas de los jóvenes, expresó el Comité Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) del sindicato magisterial.

El secretario general del CEND, Artemio Ortiz, y el dirigente Sergio Espinal, condenaron, por otra parte, el asesinato del ex líder de la sección 22, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, y demandaron que el caso no quede impune, pues hay una ola permanente de agresión contra los luchadores sociales.

Tras la comparecencia de Aguirre Rivero ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Artemio Ortiz destacó que, antes que nada, se deben dar garantías de respeto a las luchas sociales, porque si esta situación no se detiene va a terminar en un caos, advirtió.

Por otro parte, recordó que se debe cumplir el pliego de demandas de la normal de Ayotzinapa, pues más que exigencias son condiciones mínimas que debe haber en cualquier plantel educativo. Dichas opciones requieren impartir enseñanza con un desarrollo pleno, indicó.

Destacó que es preciso que no se proteja al gobernador. Dada la gravedad de los hechos, es necesario que sea separado del cargo mientras se realizan las investigaciones. Que compruebe de dónde vinieron las balas, subrayó.

Por su parte, Sergio Espinal dijo que el problema de origen es el desprecio a los jóvenes por el gobierno y las dependencias encargadas de impartir justicia.

No existe una política de protección y acompañamiento a las necesidades de los jóvenes, entre ellas empleo y acceso a la educación. Por el contrario, la administración de Felipe Calderón y la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, han pretendido cerrar las normales. Frente a ello, los gobiernos locales han mantenido un silencio cómplice. Guerrero no es la excepción, añadió.

En lugar de establecer una mesa de diálogo con los integrantes de las escuelas formadores de docentes, la respuesta gubernamental ha sido mantener las puertas cerradas, atacar las protestas y enviar a autoridades de tercer o cuarto nivel para negarles una solución.

El gobernador no tiene justificación para no haber considerado de inmediato los planteamientos, apuntó.