Jalapa, Ver., 29 de diciembre. Durante la última sesión plenaria del año, el Congreso local aprobó reformas a la Constitución estatal para extender de tres a cuatro años el periodo de los presidentes municipales a partir de 2014, cuando empezarán las gestiones de los ediles que sean electos en los comicios de 2013.

El dictamen fue avalado con 34 votos de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y de la perredista Abigaíl Reyes Aguirre, mientras 12 diputados panistas, uno del Movimiento Ciudadano y un perredista sufragaron en contra y advirtieron que la ampliación del ejercicio municipal ocasionará que los ediles cometan más tropelías y que se eleve el gasto electoral al separar la elección de presidentes municipales de los comicios para elegir legisladores locales y gobernador.

La modificación al artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Veracruz estipula que los presidentes municipales, síndicos y regidores durarán en su cargo cuatro años y deberán tomar posesión el día primero de enero inmediato a la elección constitucional.

Dicha reforma tendrá que ser avalada por al menos 107 de los 212 cabildos del estado.

De esta forma se rompe la homologación de fechas en las elecciones de alcaldes, diputados locales y gobernador lograda con una reforma aprobada en el sexenio del gobernador Miguel Alemán Velasco. En esa ocasión se dispuso que los ediles electos en el año 2000 durarían cuatro años en el cargo, de 2001 a 2004, a fin de sincronizar en este último año los procesos electorales para renovar las 50 diputaciones del Congreso local y la gubernatura.

Los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Enrique Cambranis Torres, y Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada, quienes acudieron a la sesión legislativa, señalaron que mientras no exista la revocación de mandato, extender un año la gestión municipal propiciará que los ediles comentan más saqueos contra el patrimonio colectivo; eso ya se ha comprobado.

Pola Estrada anunció que se promoverá entre las bancadas de oposición interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional a fin de echar abajo la reforma.