Buenos Aires, 30 de diciembre. El grupo de intelectuales Carta Abierta, afín a la presidenta Cristina Fernández, consideró el viernes problemática y para nada clara la ley antiterrorista recién sancionada en Argentina a pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En cuanto a la ley antiterrorista, creemos que es necesario seguir debatiéndola para transformarla. Nos resulta problemática y para nada clara, dijo en una reunión pública de la entidad uno de sus voceros, el filósofo Ricardo Forster.

Carta Abierta está integrada por centenares de profesionales y profesores universitarios independientes de izquierda o peronistas de izquierda que apoyan las políticas de Fernández, e incluso lo reiteran con energía en el documento emitido por la reunión.

La norma duplica toda la escala de penas de prisión en caso de maniobras de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y terrorismo, pero sin definir explícitamente qué tipo de actos pueden ser calificados de tal modo.

Se corre el peligro de criminalizar la protesta social, dijo en una declaración otra entidad cercana al gobierno, el humanitario Centro de Estudios Legales y Sociales.

Las críticas se suman a otras de organizaciones políticas y sociales, incluso de la kirchnerista presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien en la tradicional ronda del jueves dijo que “a esta ley hay que revisarla un poquito más.

“Si hay un gobierno facho (derechista) la va a aplicar como quiera”, dijo Bonafini.

Movimientos sociales, partidos de izquierda y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), opuesta a la mayoritaria central obrera CGT, participaron esta semana de una marcha hacia la Plaza de Mayo contra la ley bajo la consigna Los terroristas son ellos, abajo el imperialismo.

El senador Rubén Giustiniani, líder del Partido Socialista, segunda fuerza en los últimos comicios presidenciales, dijo a la prensa que lo impulsado por el GAFI está impregnado por la ideología del Acta Patriótica del ex presidente (de Estados Unidos) George W. Bush para combatir delitos terroristas.

La ley fue exigida por el GAFI porque debe regir en los países que, como Argentina, son miembros del Grupo de los 20.

En otro orden, una movilización sindical con un saldo de 21 heridos en choques con la policía frenó un plan de ajuste fiscal en la provincia de Santa Cruz (sur), cuna política de la presidenta Fernández, informaron el viernes fuentes oficiales y gremiales.

Hemos resuelto suspender la sesión de la Legislatura (Parlamento provincial), admitió el vicegobernador, Fernando Cotillo, tras los disturbios que hicieron fracasar el debate de un programa de austeridad que incluye congelamientos salariales y elevación de la edad jubilatoria.