La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Rosario Ibarra, deploró que no se haya aprobado la reforma del Código de Justicia Militar, que permitiría juzgar en tribunales del fuero común a integrantes de las fuerzas armadas que cometan abusos y agresiones contra civiles.

En octubre de 2010, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca del caso Rosendo Radilla, el presidente Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, que después de más de un año no se ha aprobado debido a la resistencia de la cúpula castrense, según comentó el legislador perredista Pablo Gómez.

Recalcó que hay mucha resistencia de los integrantes de las fuerzas armadas a permitir que sean juzgados en tribunales civiles. La relación entre militares y el poder político es aún muy complicada.

Aunado a ello, PRD y PT consideran que la iniciativa de Calderón está incompleta, ya que propone eliminar el fuero militar sólo en casos de desaparición forzada, tortura y violación, y deja fuera los homicidios, a pesar de que muchos civiles han muerto a manos de elementos del Ejército y la Marina en operativos contra el crimen organizado.

Rosario Ibarra recalcó que la iniciativa de Calderón es una trampa, ya que en el caso de desaparición forzada señala que ese delito, considerado de lesa humanidad, prescribe a los 30 años, lo que deja a salvo a los militares que participaron en la llamada guerra sucia de los años 60 y 70.

Recordó que su hijo, Jesús Piedra Ibarra, tiene 37 años desaparecido y hay casos con más tiempo, como el de Epifanio Avilés, quien fue detenido en 1969 en Guerrero por el general Miguel Bracamontes y trasladado al Campo Militar Número Uno, sin que nadie lo haya vuelto a ver.

Es decir, fue objeto de una desaparición forzada hace 42 años y aunque presentamos denuncias ante todas las instancias, no ha habido justicia.

Dirigente también del grupo Eureka, la legisladora aseguró que el Senado debe modificar esa iniciativa y definir un marco legal que acabe con la impunidad de los militares. Las desapariciones y los asesinatos continúan, sólo que ahora los encubren con el pretexto del crimen organizado, insistió.

El responsable en la bancada del PRI para ese asunto es el senador Jesús Murillo Karam, quien ha estado en contacto permanente con los secretarios de la Defensa y de Marina, con el propósito de encontrar una salida, que podría ser la instauración de juzgados civiles especializados en asuntos castrenses.

A la legislatura sólo le queda un periodo ordinario, de febrero a abril, en el que tendría que aprobarse la reforma.

Al respecto, el panista Felipe González destacó que la situación es difícil, ya que habrá una desbandada de legisladores, que pedirán licencia para contender por gubernaturas, presidencias municipales o diputaciones.

Con muchos suplentes vamos a tener que tratar de sacar temas tan delicados como este del fuero militar, comentó.