Acusada de cargos falsos y ridículos, como haberle faltado el respeto a su superior por el solo hecho de verle los calcetines, la teniente de fragata Elvia Emilia Eguileta Arias fue trasladada a una zona naval de menor jerarquía, y aunque ganó un amparo contra dicho movimiento, dos años después fue acusada de desacato y se le retiró 90 por ciento de su sueldo, aun sin tener sentencia definitiva en su contra.

La militar, quien trabajaba en el servicio de odontología de la primera zona naval de Tampico, Tamaulipas, fue notificada en noviembre de 2009 que se le iniciaría un consejo de guerra, luego que el capitán de fragata Elder Argüelles la señaló como responsable de varios cargos, entre ellos faltarle el respeto a un superior por verle los calcetines, denunció en entrevista con La Jornada.

Además, se le acusó de ser demasiado estricta en la limpieza de su consultorio, de haber hecho una mala operación con un paciente, e incluso de haber sacado ventaja indebida de que su hermano es yerno del ex secretario de Marina, Marco Antonio Peyrot.

Nada de lo que me señalaron es un delito, pero ahí comenzó mi calvario. Me castigaron mandándome de Tampico, a la sección sanitaria de Ciudad Madero, y suspendiendo mi ascenso a teniente de navío. En junio de 2010 ordenaron mi cambio al pueblo de Santa Rosalía, y me asusté mucho porque pensé que me querían desaparecer, recordó.

Pese a que obtuvo un amparo contra este último traslado –lo que le permitió recibir su salario y prestaciones con normalidad durante dos años–, en febrero de 2011 fue arrestada por policías militares y después llevada a Tampico, donde le tomaron fotos y video desnuda, para después avisarle que sería trasladada a una base naval en el pueblo de Tancol, acusada por el delito de desobediencia.

Aunque podría declararse culpable para obtener una rebaja de su condena, no voy a hacerlo porque va contra mi dignidad, porque ahora nada más me pagan dos mil pesos de los 22 mil que debería ganar. Con este tipo de procesos, el Ejército y la Marina se ahorran entre 15 y 20 millones de pesos al mes, al quitarle de forma legal hasta 90 por ciento de sus haberes a unos 2 mil soldados bajo proceso, aseveró.