El calendario electoral para 2012 tiene prevista la disputa por el poder no sólo a escala federal, sino que al mismo tiempo casi la mitad de las entidades renovarán total o parcialmente sus poderes locales. Producto de la reforma electoral de 2007-2008, el primero de julio estarán en juego la Presidencia de la República, los escaños de los 500 diputados federales y 128 senadores de la República; 6 gubernaturas, una jefatura de Gobierno, 473 diputaciones locales, 885 alcaldías, 16 delegaciones políticas (en el Distrito Federal) y 20 juntas municipales (en Campeche); en suma, 2 mil 30 cargos en disputa.

Como nunca se renovarán poderes que incluirán elecciones locales en las dos entidades con mayor padrón electoral del país: el estado de México, donde se elegirán 75 diputados locales y 125 alcaldes, y el Distrito Federal, que elegirá al jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa y los 16 delegados políticos.

Con las polémicas elecciones de 2006 como antecedente, la disputa por el poder federal está precedida por una de las más ambiciosas reformas electorales, pero igualmente la más descalificada por las televisoras, cuyo gran negocio se esfumó al cancelarse la posibilidad de que particulares adquirieran espacios en radio y televisión, hacia donde los partidos solían canalizar entre 60 y 70 por ciento de sus recursos.

Aunque ya se tuvo un antecedente en las elecciones intermedias, las pasadas semanas han dado muestra del sesgo que tendrá la renovación de la presidencia: una intensa impugnación mutua de los partidos políticos que pondrá a prueba al Instituto Federal Electoral (IFE) y su capacidad de resolver con eficacia las decenas de recursos legales que los partidos promoverán.

En los albores de las precampañas, las tres principales fuerzas políticas ya han apelado a esta estrategia para inhibir la presencia pública de los precandidatos presidenciales de sus adversarios. Y ya desde ahora existen quejas de los diversos partidos políticos acerca de la dilación con que el IFE está resolviendo las quejas, permitiendo afectaciones, aseguran, a la equidad de la contienda.

La renovación de la Presidencia de la República concentra la atención del electorado. La inseguridad ha sido el signo de la administración calderonista, con una secuela de más de 50 mil muertos en la guerra con el narcotráfico, con niveles de crecimiento económico por debajo de las expectativas y la generación de empleos muy menor respecto a la meta de un régimen que se promovió como el gobierno del empleo.

La disputa por el poder se dará en la disyuntiva opositora de la urgencia de un cambio y la reivindicación del partido en el gobierno de preservar su estrategia de combate al crimen organizado y enfatizar en la estabilidad económica, que permitió paliar la crisis económica mundial.

Sergio Muñoz, secretario de elecciones del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que los dos sexenios de gobiernos federales del blanquiazul han tenido logros importantes y confió en que ello será bien evaluado por el electorado. Además, el presidente Felipe Calderón tiene buena calificación en las encuestas y eso también favorecerá al partido, estimó.

No obstante, destacó que el PAN realiza un intenso trabajo para fortalecer su estructura territorial y el número de representantes de casillas y de promotores del voto, así como evitar fracturas en la selección de los candidatos.

Con ese objetivo, en la dirigencia nacional se integraron equipos para trabajar el proceso electoral de 2012. Juan Molinar, secretario de Acción de Gobierno, encabeza el grupo encargado de mensaje; la secretaria general, Cecilia Romero, tiene la tarea de mantener la unidad y la cohesión interna, y la secretaría de elecciones se encargará de lograr una alianza con la sociedad.

Respecto al resto de las candidaturas federales, el PAN recibió un duro revés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual le anuló su esquema de proceso interno que pretendía un control absoluto de la dirigencia nacional, mediante la designación directa. La decisión obligará al PAN a apelar a procesos internos disputados para la elección de sus candidatos, con el riesgo de posibles impugnaciones.

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el procedimiento de selección presidencial resuelto con la virtual postulación de Enrique Peña Nieto, al igual que en el PAN, la designación de los candidatos a diputados y senadores puede implicar el riesgo de división, aunque por otras causas: el convenio de coalición de Compromiso por México.

La disputa entre PRI, Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la designación de los candidatos a las gubernaturas y al Senado influirá en las expectativas de triunfo del panismo.

Al respecto, cabe señalar que el anterior dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, suscribió con Panal y PVEM un acuerdo de alianza que generó inconformidad entre los priístas, debido a que se les entregaban demasiadas posiciones a los partidos coaligados en entidades donde no existe presencia de sus aliados, como en Chiapas y Quintana Roo, donde cedió las primeras fórmulas del Senado a Nueva Alianza y el PVEM, respectivamente, para beneficiar a la hija de Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola, y el ex dirigente del ecologista Jorge Emilio González.

A su vez, en la coalición de izquierda, con la precampaña como mero trámite para el único aspirante, Andrés Manuel López Obrador, sólo se espera el procesamiento de la designación de los candidatos al Senado y diputados federales.

En cualquier caso, más allá de la disputa por la Presidencia de la República, otro elemento clave en las elecciones federales será la obtención de la mayoría en el Congreso de la Unión, algo que ningún Presidente ha tenido desde que el PRI la perdió en 1997.