Una de las prioridades en la agenda del PRD para el próximo periodo de sesiones en el Senado es lograr que se apruebe su propuesta de ley de atención a víctimas del delito, un nuevo marco jurídico que incluye una serie de medidas judiciales, económicas y de reparación del daño a aquellas personas cuyos derechos humanos fueron vulnerados en el marco de la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado.

El perredista Tomás Torres destacó que la suma de víctimas de esa guerra de Calderón va en aumento y no hay mecanismos institucionales que atiendan la tragedia de inocentes que perdieron la vida al cruzar un retén o al quedar atrapados en operativos de las fuerzas armadas para atrapar a narcotraficantes.

Explicó que ante la imposibilidad de llegar a consenso con las demás fuerzas políticas, el grupo parlamentario del PRD en el Senado presentó su propia propuesta de ley general de protección y reparación integral a víctimas de violaciones a derechos humanos generadas por la violencia, y confía en que se comience a discutir en cuanto se reanuden los trabajos en el Congreso, el próximo primero de febrero.

La iniciativa, recalcó, pretende que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y deje de considerar la muerte de civiles inocentes como bajas accidentales o daños colaterales que pueden integrarse sin problemas a una simple estadística.

El legislador perredista agregó que nada justifica los 50 mil muertos en lo que va del sexenio, las más de 3 mil desapariciones forzadas –según datos de la Organización de las Naciones Unidas–, ni los 70 mil niños y adolescentes que perdieron a sus padres.

En la exposición de motivos de la iniciativa se advierte que es una respuesta al clamor de justicia de la sociedad y al compromiso asumido por el Congreso, el pasado 28 de julio, durante el encuentro con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El proyecto de ley propone una protección amplia para quienes han sido víctimas de la delincuencia organizada, o por corporaciones militares o policiales, desde el 12 de diciembre de 2006.

Las víctimas directas e indirectas tendrán acceso efectivo a la justicia y a la reparación del daño, la recuperación de su identidad o memoria mediante un conjunto de medidas, programas, servicios y recursos de orden jurídico, medico y social, a cargo del Estado. Para ello se crea la coordinación nacional de atención y reparación integral a las víctimas, constituida por entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Se establece que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá contar con un programa integral de protección a víctimas y testigos, que ampare, sin discriminación alguna, a todo aquel cuya vida, seguridad y libertad esté en peligro, por su participación en una investigación o proceso judicial.

Le ley prevé también que se integre un registro nacional de víctimas, que estará a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese organismo contará con la información de los de eventos en que participen miembros de las fuerzas armadas y policiacas. Los datos los deberán proporcionar las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, además de la PGR. Esta última entregará las averiguaciones previas sobre el tema.