El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la Pastoral Social de Movilidad Humana en la zona Pacífico Sur de la Conferencia del Episcopado Mexicano, fue retenido y encarcelado el viernes pasado por indígenas armados de Nuevo Santiago Tutla, comunidad perteneciente a San Juan Mazatlán, región sierra Norte del estado de Oaxaca.

Tras la retención ilegal de cinco horas, rescatado por elementos de la policía estatal, el presbítero acusó al cacique José Raymundo de tener sometidos a esa región mixe, por conducto de un grupo de gente con armas de alto poder.

La delegación de la Procuraduría General de la República en la entidad inició un acta circunstanciada para revisar si se cometió algún delito federal que amerite ser investigado por esa dependencia, tras conocer de las retención del sacerdote Solalinde y dos de sus escoltas.

El acta es un trámite rutinario que realiza la dependencia cada vez que se da a conocer, en algún medio impreso, la posible comisión de un delito en el que esté involucrada alguna persona pública, aunque el acta circunstanciada no tiene los alcances de una averiguación previa ni obliga a la autoridad federal a iniciar una pesquisa ministerial.

En reacciones ante estos hechos, diversos activistas pro derechos humanos, especialmente en el tema migratorio, señalaron que el encarcelamiento sufrido el pasado viernes por el sacerdote Solalinde podría formar parte del clima de hostigamiento contra el religioso por su defensa de los migrantes indocumentados y su apoyo a la demanda presentada contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional.

José Jacques Medina, diputado federal y miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano, consideró que este hecho no es sólo un acto más de violencia, sino que podría formar parte del acoso al que se han visto sometidos quienes manifestaron públicamente su respaldo a la queja interpuesta en La Haya contra el mandatario mexicano.

En tanto, Pedro Pantoja, coordinador de la Posada del Migrante Belén, ubicada en Saltillo, Coahuila, advirtió que el acoso contra Solalinde no es nuevo, ya que el sacerdote ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones, y recientemente enfrentó una acusación de las autoridades por el supuesto abandono de un migrante.

La demanda contra él es totalmente injustificada, porque es el gobierno estatal y el municipal los que deberían cuidar a los migrantes. Pienso que lo que le pasó (en Oaxaca) puede tener relación con eso, aunque sólo es una hipótesis. Le han dado seguimiento a la persecución contra él para tenderle una trampa, y eso no se vale, subrayó.

Según informes de la policía estatal, el presbítero, a bordo de una camioneta Chevrolet, acudió alrededor de las 15 horas del viernes a la comunidad, para dejar en su domicilio a uno de sus guardaespaldas, Rubén Fuentes Bonifacio, asignado por las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante las amenazas de muerte que hay en su contra.

Después de permanecer 50 minutos en el domicilio, se retiró de la casa y a la salida de Nuevo Santiago Tutla, un grupo armado de 20 personas bloqueó el camino con una cadena para impedir su paso, por supuestamente portar armas de fuego. Posteriormente, desarmaron a los otros dos escoltas, Luis Alberto García Mendoza y Héctor Martín Maldonado Pérez, y después fueron recluidos junto con el sacerdote en la cárcel del lugar.

Uno de los guardaespaldas se pudo comunicar con sus compañeros y cinco horas después el oficial Víctor Hernández López, al mando de agentes de la policía estatal, se presentó en la comunidad y rescató al presbítero y a sus escoltas.

Documento lleno de mentiras

Solalinde denunció que cuando fueron llevados a la agencia municipal, el secretario lo presionó para que firmara una carta de común acuerdo. Según el escrito, llegamos a la agencia por estar armados y no haberlas registrado al momento de ingresar al municipio y que uno de los guardias personales pretendió huir. Asentaba que no habíamos sufrido maltrato. Me negué a firmar el documento por estar lleno de mentiras y así me mantuve hasta que llegó el comandante de la policía estatal; de allí salimos a las 3:30 de la madrugada del día 31 de diciembre. Nos escoltó hasta la mitad de María Lombardo, llegó otra patrulla de relevo y me llevó al Ministerio Público, donde levanté la denuncia. El trámite concluyó a las seis de la mañana.

Dijo que el cacique del lugar, José Raymundo, enardeció a la gente. Les dijo que cómo era posible que un sacerdote llegara con gente armada, ordenó que nos detuvieran. A uno de los guardias lo golpearon pues, según ellos, había tratado de escapar; a todos les quitaron las agujetas de los zapatos y los cinturones y nos aventaron en la cárcel de la agencia municipal, donde sufrimos tortura sicológica”.

Durante las horas de detención ilegal, tuve muy claro que cualquier cosa podía pasar, incluso que ordenaran mi muerte. Ya platiqué con Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, e interpuse una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se trata de un problema de seguridad; no es normal que un pueblo de 600 habitantes esté sometido por un grupo de hombres armados; se sabe que en ese corredor de la sierra Norte del estado hay grupos armados de la delincuencia organizada, que pueden desestabilizar la región.