La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso de los reclusos que han sido víctimas de golpes y torturas por personal del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. En la recomendación 77/2011, pide al gobierno estatal reparar el daño ocasionado a los familiares de la persona que falleció en un motín.

En un comunicado, el organismo asentó que la ruptura del orden se originó por la suspensión de alimentos, agua y visitas familiares. Hubo exceso en el uso de la fuerza pública mediante gases lacrimógenos y balas de goma que terminaron con la vida de una persona y dejaron varios lesionados.

El centro de reinserción social presenta graves problemas estructurales en sus instalaciones, agregó, y falta personal para su funcionamiento. Concluyó que se vulneraron los derechos a la seguridad personal y jurídica, a la legalidad, al trato digno y a la reinserción social.

Recomendó instaurar políticas integrales para una estancia digna y segura en las prisiones, así como realizar las gestiones correspondientes a efecto de que se cubran las necesidades alimentarias de los internos. Además de asignar personal capacitado de seguridad y custodia que garantice los derechos humanos de reclusos, empleados y visitantes.