Chilpancingo, Gro., 2 de enero. En medio de protestas se realizaron los actos luctuosos organizados este lunes en Chilpancingo por el gobierno estatal en memoria de Gonzalo Miguel Cámara Rivas, empleado de la gasolinería quien murió tras 20 días de agonizar por las quemaduras que sufrió durante el desalojo policiaco del pasado 12 de diciembre sobre la Autopista del Sol, donde fallecieron dos alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

En las protestas, alumnos normalistas acusaron al gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero de orquestar una campaña para denigrar a dicha escuela. Nunca mostró su rostro Ángel Aguirre cuando fueron asesinados nuestros dos compañeros, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Armando Meza, dirigente estudiantil, reclamó que el gobierno del estado no haya organizado un homenaje similar a los estudiantes asesinados incluso no dice nada de los heridos de bala, tanto de los traileros, como de los estudiantes que fueron lesionados.

Otra polémica la inició el senador perredista Julio César Aguirre Méndez, quien responsabilizó al coordinador de los diputados federales del sol azteca, Armando Ríos Piter, y al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de desestabilizar al gobierno de Aguirre Rivero. Hay fuerzas oscuras de PRD y PRI detrás de esto, dijo.

El ex dirigente magisterial en la disidente Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero culpó a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa de caer en los extremos, violando sistemáticamente la ley, y sin que hubiera sanciones, o si caía alguien a la cárcel, por negociaciones se les sacaba. Si estos muchachos año tras año cometieron tropelías a la ciudadanía, a los negocios, o los autobuses y no se les sancionó, obviamente los estamos convirtiendo en delincuentes.

El vocero del gobierno de Guerrero, Arturo Martínez Núñez, subrayó que la administración estatal está abocada a resolver las pesquisas para encontrar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Señaló que las autoridades también indagan a los responsables de la explosión de la bomba de gasolina que lesionó a Rivas Cámara, quien el pasado domingo murió en un hospital del IMSS en el estado de México.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sostuvo que los defensores sociales y de derechos humanos de Guerrero están en situación crítica, pues las autoridades no implementan mecanismos que prevengan agresiones ni reconocen el riesgo que corren.

El año pasado fue fatídico por la violencia y es altamente probable que no disminuya en 2012 debido a las políticas gubernamentales fallidas, expuso la ONG en un balance de la situación de los derechos humanos en la entidad.

“Las disputas entre los grupos del narcotráfico; la redición de la guerra sucia con los nuevos patrones de ajusticiamiento y desapariciones forzadas en medio del despliegue excesivo y sin control civil por el Ejército y la Marina, y la inseguridad promovida por las corporaciones policiacas, han provocado el aumento de las violaciones a los derechos humanos.”

Apuntó que las irregularidades en la investigación del asesinato de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, es muestra de la crisis de gobernabilidad en el estado, la ausencia de controles en la cadena de mando y la forma caciquil de dirimir los conflictos.

La desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista (el 6 de diciembre) demuestra que la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán está convulsionada por el crimen organizado; la población se siente inerme y los defensores de los bosques son perseguidos, torturados y encarcelados. Ya no hay frontera entre las fuerzas del orden con los grupos de la delincuencia.

Otros factores que ensombrecen el panorama social en el estado –señaló– son el desempleo, hambruna en las regiones de la Montaña y Costa Chica, la precarización de la clase trabajadora. La situación más grave es el descrédito social en que han caído las autoridades y los actores políticos. Existe desconfianza, aversión y temor hacia los gobernantes por la forma de atender las demandas de la población y por el tratamiento policiaco que dan a los conflictos sociales, usando de manera desproporcionada la fuerza represiva.

(Con información de Matilde Pérez)