El cuarto tribunal colegiado en materia administrativa resolvió que cuando un inculpado gane un litigio a la Procuraduría General de la República (PGR) en tribunales, la Dirección de Comunicación Social de esa dependencia estará obligada a eliminar, o al menos corregir, el contenido de los boletines de prensa en los que haga referencia a presuntos delincuentes que luego resultaron inocentes, o que ni siquiera fueron acusados formalmente ante un juez.

La resolución no obliga a otros juzgados o tribunales a seguir ese criterio, ya que no es jurisprudencia, por lo que la PGR podrá continuar con la misma tendencia de mantener en su página de Internet los comunicados que incluyan información sobre personas inocentes.

Sin embargo, otros procesados podrán tramitar amparos en busca de fallos similares a los del cuarto tribunal colegiado, para que se acumulen en un solo órgano colegiado cinco sentencias en el mismo sentido, pues será la única forma en que la PGR tendría que modificar de inmediato su criterio.

La resolución se adoptó con base en la reforma de 2007 al artículo sexto de la Constitución, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la modificación y rectificación de datos personales, tanto en poder de las dependencias de gobierno como de empresas.

La PGR suele difundir en sus comunicados el nombre de personas detenidas y sujetas a arraigo, además de los datos personales de inculpados que son sujetos a autos de formal prisión, pero en contadas ocasiones informa sobre liberaciones o resoluciones judiciales adversas.

El primero de octubre de 2006, la PGR emitió el boletín 1261/06 en el que informó sobre la detención de Jannet Martínez Barbosa, quien señaló como presunta integrante de una organización criminal conformada por empleados de una institución bancaria y dedicada a la comisión de diversos delitos financieros, según se lee en el comunicado.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) solicitó el arraigo de Martínez y un coacusado. No obstante, una vez concluido el arraigo, la sospechosa fue liberada sin que se le fincara cargo alguno.

En septiembre de 2010, Martínez promovió un amparo contra la Dirección General de Comunicación Social de la PGR, pues el boletín sobre su detención seguía disponible en el archivo histórico en Internet.

En primera y segunda instancias judiciales se le concedió el amparo a la quejosa, pero fue en el cuarto tribunal colegiado donde se emitió el criterio judicial aislado que sienta las bases para una posible jurisprudencia.