Pedir inmunidad ante una acusación por delitos graves, por el solo hecho de haber sido presidente de la República, no es un argumento jurídicamente viable, ya que el fuero de un mandatario termina en el momento en que deja el cargo, afirmaron especialistas en temas legales y activistas de organizaciones de derechos humanos.

A propósito de la demanda que enfrenta el ex presidente Ernesto Zedillo en Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en la masacre de Acteal, cometida el 22 de diciembre de 1997, agregaron que los crímenes de lesa humanidad son considerados imprescriptibles por los organismos y las legislaciones de justicia internacional a los cuales se ha adherido México.

Manuel Fuentes, miembro del consejo de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, aseveró en entrevista telefónica que alegar inmunidad por los motivos que esgrimió el hoy profesor de la Universidad de Yale no tiene base legal, ya que en este caso está de por medio la legislación internacional contra crímenes de lesa humanidad.

En el mismo sentido que otros académicos y expertos en asuntos jurídicos (La Jornada, 7/enero/2012), Fuentes explicó que el argumento usado por la defensa de Zedillo no tiene bases, ya que cuando se trata de delitos graves, la responsabilidad de los jueces es analizar a fondo el tema.

No hay elementos para que se hable de inmunidad. Recordemos que la Corte Penal Internacional es competente cuando puede haber crímenes de lesa humanidad. En la justicia mexicana la lógica sería diferente, pero también ahí debería desaparecer este tipo de protecciones, consideró.

Karla Michel Salas, integrante del equipo de abogados de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa, subrayó también que la inmunidad no aplica en este asunto, pues están en juego violaciones graves a los derechos humanos; en este caso, el asesinato de 45 hombres, mujeres y niños desarmados.

El que un ex presidente diga que haber sido un alto funcionario lo exime de la posibilidad de ser juzgado no tiene sentido, porque uno de los triunfos de los derechos humanos a escala internacional es precisamente sentar en el banquillo de los acusados a políticos y militares que participaron en abusos. Ese argumento no es jurídica ni éticamente válido, indicó.