En los próximos días, las dependencias que integran el gabinete de seguridad nacional definirán los detalles de la protección federal que darán a los candidatos presidenciales, e incluso a otros aspirantes a puestos de representación popular que soliciten apoyo o que tengan una circunstancia particular que los ubica en situación de riesgo.

Hasta el momento, los precandidatos tienen custodia privada –contratada por sus equipos–  quienes para el comienzo de la campaña quedarán bajo las órdenes de los elementos federales asignados para esta tarea. La precampaña inició la tercera semana de diciembre y puede durar, como máximo, 60 días. La campaña empieza al siguiente día del registro de los abanderados, esto es, entre el 15 y 22 de marzo y hasta tres días antes de la jornada comicial del 1º de julio. Por lo tanto, la custodia que determinen las autoridades federales durará más de tres meses.

Consultado al respecto, el senador Ricardo Monreal, quien es coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, precandidato único de la coalición de partidos de izquierda (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) aseguró: Vamos a respetar todas las normas y medidas que se tomen para la seguridad de los candidatos. No vamos a desdeñar ninguna medida que se tome por parte del Estado.

En 2006, a los candidatos se les asignó un equipo de custodia del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como vigilancia de policías federales en los trayectos, aunque ahora habrá nuevas medidas –confiaron fuentes gubernamentales– debido a que la situación ya no es la misma de hace seis años y la violencia impera en muchas regiones del país.

En el caso particular de López Obrador, en 2006 aceptó la vigilancia de integrantes del EMP, cuya coordinación estuvo a cargo, por voluntad del propio político, del general Audomaro Martínez.

En esta nueva contienda, dijo Monreal, López Obrador ha insistido en que actuará con prudencia y que caminaremos con confianza por todo el país. Creemos que esa es la mejor fórmula, así que no vamos a detener ni obstaculizar ningún esfuerzo que se haga en materia de seguridad, señaló en entrevista.

Vamos a conversar con los órganos de procuración de justicia y seguridad –añadió el coordinador de campaña del precandidato de la coalición Movimiento Progresista–; el objetivo es garantizar que haya normas adecuadas de seguridad para todos.

El 15 de diciembre pasado, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral (IFE) firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones que permitan garantizar la seguridad pública durante el proceso electoral 2011-2012. El eje central de este convenio y la comisión de seguimiento es el intercambio de información.

El IFE, por ejemplo, debe informar a Gobernación, dependencia coordinadora del gabinete de seguridad nacional, de las zonas y situaciones de riesgo que halle o que le hagan saber los partidos políticos y sus candidatos. Adicionalmente se planeará un manual de seguridad para los empleados del instituto que realicen trabajo de campo; al mismo tiempo Gobernación firmará protocolos de seguridad con los estados.

Establecer los conductos de atención pronta y expedita para que los candidatos a cargos de elección popular y el personal del IFE denuncien cualquier situación que pudiera atentar contra su integridad física y sus bienes o el proceso electoral federal, señala el punto quinto del convenio, relativo a los compromisos de Gobernación.