l campo mexicano está en la lona, hundido y olvidado, al igual que sus millones de pobladores, de los cuales la mayoría padece algún grado de pobreza. Cada día produce más pobres y menos alimentos, y los supuestos apoyos gubernamentales suelen terminar en bolsillos ajenos a los originalmente programados. Los del partido tricolor culpan al par de gobiernos panistas de esta dramática situación, y éstos responsabilizan a aquellos de lo mismo. Recientemente el inquilino de Los Pinos vetó un fondo de 10 mil millones de pesos que se destinaría a los estados de la República para atemperar los efectos de heladas y sequías. Tal negativa llevó a un grupo de priístas a responsabilizar a Felipe Calderón de la hambruna que padecen millones de familias, acentuada por la escalada de precios en alimentos básicos.

Obvio es que los blanquiazules dicen que no, que fueron otros gobiernos –de tres colores– los que provocaron el caos en el campo, pero hasta donde es posible documentar el tema (cifras del Coneval), en el periodo 2006-2010 (con Calderón en Los Pinos) el número de depauperados en el ámbito rural se incrementó en alrededor de 3 millones de personas, de tal suerte que en los tres indicadores oficiales de pobreza (alimentaria, capacidades y patrimonio) las cifras resultan mayores que las reconocidas en 1992, lo que no quiere decir que los gobiernos priístas lo hicieron mejor. Paralelamente, año tras año crece la importación de alimentos básicos, mientras las grandes empresas agroexportadoras venden acelgas, lechugas y otros cultivos de alta rentabilidad.

Esa ha sido la dinámica en los últimos años: tricolores y blanquiazules se culpan entre sí, pero ninguno hace algo para remediar tan terrible circunstancia. Cierto es que 10 mil millones de pesos no hubieran resuelto la precaria condición del campo mexicano, ni la de sus habitantes (25 por ciento de la población nacional), pero sin duda de algo hubieran servido. Felizmente está por concluir el cuarto sexenio de la era TLC, y el campo mexicano va de mal en peor. Como advierte la OCDE, los resultados del sector han sido bastante débiles en comparación con los de otros países latinoamericanos, y el crecimiento del PIB agropecuario es significativamente inferior al del resto de la economía mexicana, al igual que su productividad, amén de que el país se ha convertido en importador neto de productos agroalimentarios.

En el recuento, la OCDE (Perspectivas: México reformas para el cambio) considera que México ha llevado a cabo una clara reforma de la política agropecuaria en los últimos 20 años. El apoyo prestado a los productores (como porcentaje de sus ingresos brutos) representó 12 por ciento entre 2008 y 2010, en comparación con el 28 por ciento que suponía entre 1991 y 1993. Esa cifra es también inferior al promedio de la OCDE, que ronda el 20 por ciento. Los precios nacionales de los productos agropecuarios son sólo ligeramente más elevados que los de los mercados internacionales.

Desde el año 2000 México ha venido incrementando los subsidios para la electricidad que usan los agricultores (privados). Esos subsidios sirven principalmente para financiar el bombeo del agua de riego y muchas veces son superiores a los introducidos recientemente para respaldar una infraestructura que permita una mejor gestión del agua. Resulta incoherente plantearse objetivos ambiciosos para administrar más adecuadamente el agua en el contexto del combate contra el cambio climático y, simultáneamente, asignar importantes cantidades para fomentar un mayor consumo de agua.

En términos generales, apunta la OCDE, la efectividad de la política agropecuaria se ve frenada por la falta de una delimitación clara entre las responsabilidades de las numerosas agencias gubernamentales implicadas en agricultura, pesca y desarrollo rural. La duplicación de actividades y, en ocasiones, la diferencia de enfoques sobre los problemas en el conjunto de los programas estatales, han reducido el impacto del considerable gasto público mexicano en el sector y contribuido a su menor rendimiento. También existen problemas relacionados con la organización de Sagarpa y de sus agencias descentralizadas que, de mejorarse podrían incidir positivamente en los resultados de las políticas adoptadas.

La mayor parte del gasto agropecuario del gobierno mexicano va directamente a los productores individuales, pero la erogación destinada a una serie de servicios que aportan un respaldo general al sector, tales como investigación y desarrollo, educación o servicios de inspección, es relativamente bajo en comparación con el promedio de la OCDE, de tal suerte que el apoyo al sector agropecuario deberá reorientarse hacia inversiones en infraestructura e innovación, y alejarse de los subsidios a insumos variables y de las medidas relacionadas con los precios, a fin de mejorar el rendimiento y la competitividad del sector.

La citada organización recuerda que el Procampo expira en 2012. Será el momento de revisar y esclarecer sus objetivos y de orientar los fondos disponibles hacia objetivos explícitos. Un solo programa no puede pretender reducir la pobreza, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y llevar a cabo la reforma del sector agrario. También debería fortalecerse el Programa Especial Concurrente (PEC) para que se convierta en una estrategia de desarrollo de las zonas rurales, que incluya políticas en materia de infraestructura, salud, educación, sociedad y medio ambiente. Se debiera reforzar la coherencia entre las políticas agropecuarias y los objetivos medioambientales, en particular, reduciendo o eliminando los subsidios a la electricidad para el bombeo de agua.

El campo y sus habitantes deben ser prioridad obligada para el relevo en Los Pinos. Seguir fingiendo que todo marcha bien porque México exporta lechugas y espinacas, sólo profundizará la de por sí caótica situación y la miseria de más de 25 millones de mexicanos.

Las rebanadas del pastel

Desde noviembre pasado el gobierno calderonista, vía Secretaría de Relaciones Exteriores, envió una nota diplomática a la Casa Blanca para solicitarle inmunidad para el ex presidente Ernesto Zedillo, contra quien un grupo de particulares presentó una demanda en una corte de Estados Unidos por su presunta responsabilidad por la matanza de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997 (La Jornada). A todas luces es plan con maña: la acción, desde luego, no es en solidaridad con ex mandatario priísta, sino para hacer cama –legal y política– ante lo que se le viene a Felipe Calderón, porque el primer día de diciembre de 2012 se acerca a paso veloz, y el miedo no anda en burro.

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