Una de cada cinco casas de empeño que operan en el país es ilegal y llega a cobrar tasas de interés hasta de mil por ciento al año, advirtieron dirigentes de tres asociaciones del sector prendario y los titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Bernardo Altamirano y Luis Pazos, respectivamente.

Los funcionarios dieron a conocer ayer un convenio de corresponsabilidad y autorregulación entre la Asociación Mexicana de Servicios Prendarios (Anace), la Asociación Nacional de Empeño y Joyería (ANEJ) y la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre), basado en cuatro puntos: prevención y verificación de las casas de empeño privadas, capacitación de sus agremiados sobre publicidad veraz, vigilancia de su comportamiento ante los consumidores y realización de una campaña de divulgación sobre los derechos de los pignorantes.

Además elaboraron un decálogo del buen proveedor en casas de empeño, entre los que destaca el registro del contrato de adhesión ante Profeco, que Adolfo Vélez Muñoz, René Villalvazo Pérez y Carlos Gómez Álvarez Tostados, dirigentes de Anace, ANEJ y Amespre, respectivamente, se comprometieron a cumplir.

El procurador indicó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que existen 6 mil casas de empeño en el país, pero que dicho registro incluye tanto las de carácter privado como las de asistencia, y no diferencia entre legales e ilegales.

Ante la Profeco, abundó, sólo 3 mil 116 casas de empeño privadas han registrado su contrato de adhesión, pero aclaró que cada documento puede avalar a varias sucursales de la misma firma.

Según el procurador, para crear un escudo de protección para los consumidores, ellos mismos deben denunciar los negocios irregulares. Paralelamente convocó a los gobiernos municipales y estatales con el mismo fin, pues son los primeros en saber qué establecimientos se abren en sus calles.

Puso de ejemplo el caso de la capital de Querétaro, cuyas autoridades municipales exigen que las casas de empeño registren su contrato de adhesión ante Profeco para otorgarles permiso de uso de suelo u otros necesarios para abrir sus sucursales.

Luis Pazos, director de Condusef, responsabilizó a las autoridades locales, junto con ministerios públicos y autoridades judiciales, de no hacer su tarea, de no entrarle al toro, pues, dijo, no hacen caso de las denuncias de robo y fraude cometidas por casas de empeño. Son delitos del fuero común, aunque se cae en el error de creer que todo asunto comercial es regulado por autoridades y leyes federales, dijo.

El funcionario condenó también que se pretenda endurecer la regulación contra las casas de empeño, como poner topes a las tasas de interés, al señalar que la solución es aplicar la normatividad vigente. Advirtió que poner topes a las tasas de interés puede propiciar que aumenten hasta diez veces más, impulsando más la informalidad en el sector, como ocurrió en Colombia.

El año pasado Profeco realizó mil 600 verificaciones a establecimientos de este tipo, aunque sólo se colocaron 89 sellos de advertencia. El problema con las casas de empeño irregulares o ilegales es que en cuanto son denunciadas y personal de Profeco comienza una investigación o procedimiento administrativo en su contra, pueden desaparecer de inmediato y establecerse en otro lado, indicó Rubén Durán, subprocurador de verificación de la dependencia.