Nueva York, 11 de enero. Protestas contra el campo de concentración más infame del mundo se realizaron en Washington, Los Ángeles y otras ciudades, y por algunos de sus 171 reos, para marcar el décimo aniversario de la existencia del centro de detención de terroristas en Guantánamo, que casi sin excepción ha sido denunciado por las principales organizaciones de derechos humanos y cuyo cierre es promesa incumplida del presidente Barack Obama.

El 11 de enero de 2002 el gobierno de George W. Bush llevó 20 detenidos a su base militar en Guantánamo, Cuba, que se convirtió en un campo de concentración fuera del alcance de las leyes nacionales e internacionales para encarcelar, interrogar y, según organismos de derechos humanos, torturar a personas acusadas de ser combatientes enemigos en la guerra mundial contra el terrorismo. Los 20 serían los primeros de casi 800 que han pasado por ahí en el transcurso de la última década; 171 siguen prisioneros.

Guantánamo ha infectado todo lo que ha tocado. Marcamos este aniversario abismal sabiendo, con pesar en el corazón, que no obstante la promesa electoral del presidente Obama de cerrar la instalación, iniciará su décimo año de operaciones más enraizado que nunca en la vida estadunidense, declaró Tom Parker, director de políticas antiterroristas y derechos humanos de Amnistía Internacional en Estados Unidos.

Su organización, al lado de decenas de grupos defensores de derechos humanos y civiles, como Witness to Torture y Veteranos por la Paz, realizaron actos de protesta en Estados Unidos, incluida una manifestación frente a la Casa Blanca y una marcha de 171 activistas vestidos de traje anaranjado y capucha, representando a los detenidos en Guantánamo; actos parecidos fueron realizados en Los Ángeles y otras ciudades del país.

En Guantánamo, reos iniciaron tres días de protestas desde el martes para marcar el aniversario, que incluyen huelgas de hambre y desobediencia, reportaron algunos de sus abogados defensores desde la isla.

A pesar de que Obama, en uno de sus primeros actos como presidente, emitió una orden ejecutiva para cerrar el campo en un plazo de un año, el centro de detención permanece abierto y su gobierno recientemente consagró en ley la política de detención indefinida de sospechosos sin cargos o proceso judicial.

De los casi 800 detenidos que han pasado por Guantánamo, 171, de 23 países, permanecen ahí. Unos 600 fueron liberados durante la última década. Por lo menos 22 de los detenidos tenían menos de 18 años cuando fueron capturados. Del total que han pasado por ahí, ocho han muerto en Guantánamo. Sólo siete han sido acusados formalmente de cometer un delito (dos han sido liberados). Sólo uno fue liberado de Guantánamo en 2011 y trasladado a su país contra su voluntad; dos salieron en ataúd. De los que permanecen, 89 tienen aprobada su liberación pero no se sabe para cuándo. Otros 46 han sido aprobados para detención indefinida y 36 han sido referidos a procesos judiciales militares.

El Centro para Derechos Constitucionales (CCR), que desde el inicio ha enfrentado los fundamentos legales de Guantánamo y ayudado en la representación jurídica de algunos detenidos, y otras organizaciones de derechos humanos, reiteraron su demanda de clausura del centro de detención y de transparencia y rendimiento de cuentas por los abusos cometidos ahí y en otros como el de Bagram, incluidas las cárceles clandestinas. Rechazamos la mantención de las políticas de detención e interrogación ilegales y abusivas de la era Bush en el gobierno de Obama.

Agregan que “Guantánamo permanece como el caso vergonzoso de la redada del gobierno estadunidense de casi 800 hombres y jóvenes, clasificarlos indiscriminadamente como ‘lo peor de lo peor’ y tirarlos en una prisión en una isla, diseñada para existir más allá del alcance de la ley, donde no tenían derecho a impugnar su detención o abuso. La vasta mayoría de los prisioneros en Guantánamo nunca debieron ser detenidos, para empezar”.

Otra campaña, llamada Cierren Guantánamo Ahora, está respaldada por decenas de abogados, ex oficiales militares, jueces y periodistas, entre ellos el coronel retirado Lawrence Wilkerson, quien fue jefe de equipo del ex secretario de Estado Colin Powell; el coronel retirado Morris Davis, ex jefe de fiscales de los tribunales militares en Guantánamo, y el prestigiado abogado de Washington Tom Wilner. Afirman que Guantánamo daña a nuestro país cada día que permanece abierto y continúa sirviendo como potente símbolo para el reclutamiento de terroristas. Agregan que su existencia mina el compromiso básico con el estado de derecho, haciendo menos seguro ese principio fundamental para todo estadunidense.

El gobierno de Obama reiteró esta semana que aún está comprometido con clausurar la prisión en Guantánamo y recordó que legisladores promovieron una serie de medidas que han frenado el proceso para lograr ese objetivo.

Pero el abogado J. Wells Dixon, de CCR, con clientes en Guantánamo, como otros críticos, afirmó que Obama “ha demostrado poco liderazgo o valentía, y efectivamente ha claudicado en sus planes de cerrar Guantánamo frente a sus opositores políticos…. Guantánamo simplemente se ha convertido en parte del panorama estadunidense. Nosotros, como nación, como pueblo, hemos normalizado y aceptado la existencia de una prisión que Amnistía Internacional una vez llamó ‘el Gulag de nuestro tiempo’”.