Los diputados locales Lizbeth Rosas (PRD) y Carlo Fabián Pizano (PAN) exigieron ayer a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino que presenten una denuncia ante la Contraloría General de esta ciudad y se investiguen las alteraciones que se hicieron a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

En entrevista por separado, Rosas y Pizano consideraron que las diferencias de contenidos que hay entre el dictamen aprobado por los diputados locales, el 20 de agosto de 2009, y el documento publicado en la Gaceta Oficial el 10 de septiembre del mismo año, configuran una serie de anomalías de carácter administrativo y penal en las cuales estarían implicados servidores públicos de la ALDF y de la misma Consejería Jurídica.

Carlo Fabián Pizano detalló que existe otro caso de ese tipo de alteraciones, el cual ocurrió en diciembre de 2010, cuando el pleno de la ALDF aprobó un monto adicional de recursos para el presupuesto de la Secretaría de Turismo, y ya en el decreto publicado en la Gaceta Oficial se le quitó ese dinero, por lo cual presentó una denuncia ante la Contraloría General del DF, encabezada por Ricardo García Sáinz, misma que a la fecha no se ha resuelto.

Añadió que esas alteraciones implican varios delitos, por lo que de corroborarlas se presentarán denuncias administrativas y penales, pues se configuran ilícitos como ejercicio ilegal de facultades, y alteración de documentos públicos.