parentemente, según han declarado las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF), en los próximos días la situación crítica por la que atravesó el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos en la ciudad tenderá a normalizarse, gracias a que podrán funcionar sin demasiados obstáculos los rellenos sanitarios instalados en Xonacatlán, por el rumbo de la carretera a Toluca, y en las minas La Cañada y El Milagro, municipio de Ixtapaluca, todos en el estado de México. Con lo positivo que trae consigo este anuncio, es indispensable hacer un balance de esta minicrisis.

Ante todo es una triste realidad que a partir de este año el GDF ya no tiene el control pleno de la disposición final de los residuos. Depende de situaciones externas: de la buena voluntad política del gobierno del estado de México para no obstaculizar su transferencia (recordemos todas las barreras que pusio para que se atendiera este problema conjuntamente), de la aceptación de los pobladores y de los gobiernos municipales mexiquenses para continuar recibiendo los envíos del Distrito Federal y el pago que reclamen los propietarios de los rellenos sanitarios mencionados.

Se quiera o no, habrá, ya la hay, una supeditación a intereses distintos a los de los capitalinos en un servicio muy importante. Ello se manifiesta desde el momento en que fue necesario aprobar un convenio entre los tres gobiernos (incluido el federal) para garantizar el traslado de los residuos. Y si bien no se conocen los términos del mismo, se tiene la noticia de que el gobierno mexiquense solicita el pago de una cantidad por tonelada para recibirlos, independiente del costo que se cobra por el ingreso a los rellenos. Hay que esperar conocer el contenido del convenio para sacar una conclusión global al respecto.

La otra opción, de construir un nuevo relleno sanitario en territorio capitalino propiedad del GDF fue desechada por la restricción de predios que pudieran ser utilizados, pero también para evitar posibles acciones de rechazo de los habitantes de la delegación considerada.

El costo de la disposición final se disparará. En el Bordo Poniente, terreno propiedad federal, los costos de la disposición final eran alrededor de 90 pesos por tonelada. Ahora, según declaraciones del licenciado Fernando Aboitis, secretario de Obras y Servicios, ascenderá a 300 pesos. Suponiendo que por lo menos se transfieran 5 mil toneladas diarias, el costo anual será de 547.5 millones de pesos, sin considerar el incremento del transporte (al que se debe integrar el pago de la caseta). Bonito negocio para Tecnosilicatos de México, dueña de la mina El Milagro, nombre muy premonitorio, copropiedad del ingeniero Rogelio López López, ex director de transferencia de residuos sólidos.

El GDF se vio atrapado entre la necesidad de encontrar una solución al problema derivado del cierre del Bordo Poniente y los requisitos de los gobiernos mexiquenses, que oscilaron desde el rechazo absoluto de Arturo Montiel al condicionamiento de permitir solamente rellenos sanitarios privados fijado por Peña Nieto. En tal situación no le quedó más remedio que aceptar. Nueva vuelta de tuerca de la política neoliberal, que tiene por objetivo actual adueñarse de los servicios de agua, salud, educación y disposición final de los residuos como paso previo para su privatización total, etcétera. No es de extrañar que se haya construido un puente vehicular exclusivamente para dar paso a los tractocamiones y sus cajas para ingresar a la mina El Milagro.

Si el incremento en los costos de este servicio se suma a los contratos firmados con empresas privadas denominados pago por servicios (PPS), para realizar labores que antes desarrollaba el gobierno con su propio personal a un costo menor, se podría reducir el presupuesto para la aplicación de los programas sociales a los que tanto se opone el neoliberalismo.

Tarde o temprano el GDF deberá recuperar el control sobre la disposición final de los residuos. Será necesario volver al postergado proyecto del Centro Integral de Reciclaje y Energía.

Después de este desenlace, queda pendiente suprimir los tiraderos clandestinos. Es un error instalar contenedores en esos lugares; lo que se requiere es mejorar la recolección con un programa específico para erradicarlos.

Otro problema es el aprovechamiento del biogás generado en el Bordo Poniente. Existe un proyecto elaborado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que sienta las bases para preparar la licitación para aprovechar el biogás generado por los residuos del relleno sanitario del Bordo Poniente. Inexplicablemente ha sido demorada esta licitación, que preveía la utilización de los mecanismos del Protocolo de Kyoto para emplear los ingresos generados por la utilización del biogás y solventar los gastos ineludibles de clausura del Bordo Poniente.

En conclusión, la salida encontrada a la crisis que provocó el cierre del Bordo Poniente hace menos autónomo al gobierno capitalino, más vulnerable a presiones externas, y hereda a la futura administración una potencial bomba de tiempo.