l Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, puesto en marcha la semana pasada, es revelador de cómo imagina un sector minoritario y privilegiado de la sociedad mexicana que se debe formar a los profesionales y especialistas en México. Las principales características de este modelo, que prevé el otorgamiento de becas-crédito para realizar estudios de licenciatura y posgrado en instituciones educativas privadas, son las siguientes:

En el programa participan bancos e intermediarios financieros como Santander, Bancomer, HSBC, Banorte y Financiera Educativa de México. Tanto Nacional Financiera (Nafin) como la Secretaría de Hacienda aportarán fondos de garantía para respaldar el otorgamiento de créditos educacionales de los bancos. Por medio de este esquema, en 2012 el programa contará con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. La acción del gobierno constituye un respaldo a las universidades privadas participantes, las cuales se beneficiarán con la totalidad de estos recursos (en algunos casos los préstamos ni siquiera alcanzan para cubrir los elevados costos de inscripción y colegiaturas). La banca, por su parte, recuperará todo el dinero prestado a los estudiantes, y además obtendrá como ganancia los intereses acumulados en 15 años por 23 mil jóvenes endeudados.

De acuerdo con un cálculo publicado el martes pasado por Salomón Rodríguez en El Economista, que cita como fuente a Nafin, los intereses para el nivel de licenciatura (en el cual el crédito que se otorgará por alumno es de 215 mil pesos), considerando la tasa de 10 por ciento anunciada, obligan a un pago total por cada estudiante de más del doble (564 mil pesos). En el posgrado, el crédito, que será de 280 mil pesos, obliga a cada joven a pagar en total 723 mil pesos. Lo anterior puede dar una idea del nivel de ganancias que obtendrán las universidades privadas y los bancos a costa de los 23 mil jóvenes beneficiados… Negocios son negocios.

Las instituciones de educación superior privadas participantes son los institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y Educativo del Noroeste, así como las universidades Anáhuac, Panamericana, Intercontinental, Tecnológica de México, Latinoamericana, de Monterrey, del Valle de México, del Valle de Atemajac, del Claustro de Sor Juana, Regiomontana, Popular Autónoma del Estado de Puebla, Latina, Justo Sierra, Tangamanga, Contemporánea y la Salle. Se trata de instituciones muy heterogéneas, entre las cuales se encuentran algunas de prestigio y otras que generan dudas sobre la calidad de la enseñanza que imparten.

Por curiosidad me asomé a algunas de ellas, que antes del anuncio de Calderón no conocía (invito a los lectores a realizar este ejercicio). En la gran mayoría no se realiza investigación y no hay programas de doctorado. Por ejemplo, una de ellas ofrece sólo tres licenciaturas (arquitectura sustentable, administración y comunicación) y tres maestrías (comunicación educativa, comunicación organizacional y docencia), que desde luego no están incluidas en los padrones de posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). El tema de la calidad aparece en este modelo como algo secundario. Pero independientemente de cuál sea su nivel, lo que hay en común en todas estas instituciones es que pronto escucharán sonar repetidamente sus cajas registradoras.

Por otra parte, no hay que olvidar que en las protestas estudiantiles en Chile y Colombia, en las que se aplica este modelo, los protestantes no solamente son estudiantes de las universidades públicas. Por ejemplo, en las movilizaciones de jóvenes en Bogotá, que tuve la oportunidad de conocer directamente (La Jornada, 22/11/11) y que obligaron al presidente Juan Manuel Santos a dar marcha atrás a su reforma, hubo una participación muy importante de estudiantes de las universidades privadas beneficiados con las becas-crédito que tanto gustan a Calderón.

En síntesis, las principales características de este modelo son: a) el gobierno es el impulsor de la iniciativa y garante (con recursos públicos) de la misma, b) los principales beneficiarios son los bancos y las instituciones de educación superior privadas, c) los estudiantes adquieren simultáneamente una carrera y una deuda, d) la calidad de la educación dentro de este modelo no es un factor de importancia.

Finalmente, el programa no tiene una idea clara que lo sustente, más allá de beneficiar a los sectores señalados. Tampoco cuenta con metas a las cuales dirigirse. Por ejemplo, no importan las áreas del conocimiento que deban ser fortalecidas en beneficio del país, y no hay forma de saber de qué manera por medio de este instrumento México podría aumentar su competitividad o fortalecer su presencia en el ámbito internacional.

Aun así, éste es el modelo que algunos imaginan –y desean– que pudiera extenderse a la educación superior pública.