Un organización civil defensora de los derechos humanos de los niños denunció ayer penalmente a la diputada federal Joan Novoa, esposa del ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, al considerarla parte de una red de tráfico de menores que opera en esa entidad y vende infantes a extranjeros.

La organización Conciencia Cívica, que encabeza el abogado jalisciense Salvador Cosío Gaona, presentó la querella ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“El fuero constitucional no es para delinquir. (…) Hay un juicio de procedencia contra esta diputada que aparece señalada de forma subrayada en documentos anónimos que recibimos en esta organización, y que presentan indicios de prueba de sus vínculos con una banda de trata de menores. Estos documentos ya los tienen la PGR”, expuso Cosío en entrevista.

La legisladora, detalló el activista, haciendo referencia a la información que obtuvo Conciencia Cívica de forma anónima, presuntamente apoyó, protegió y facilitó el proceso de adopción de niños a través de un abogado cuyo nombre no fue revelado, pero que es familiar de Amparo González Luna Morfín, directora del Instituto Cabañas.

Acusó también al procurador General de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, de proteger a la legisladora federal y al ex gobernador.

Según explicó el activista, en las próximas horas la PGR citará a los querellantes para ratificar su denuncia e iniciar la averiguación previa correspondiente.

De acuerdo con Cosío Gaona, la denuncia penal se realizó ante la PGR, pues debido a que el procurador estatal ha anunciado su respaldo político a la intención de Cárdenas Jiménez de contender por la alcaldía de Guadalajara, la dependencia carece de confianza.

El abogado y presidente de Conciencia Cívica exhibió copias de contratos membretados por un despacho denominado López y López, que supuestamente fueron utilizados el mes pasado para intentar vender a cinco bebés jaliscienses a ciudadanos irlandeses, disfrazando la operación como renta de los menores para una campaña publicitaria.

Entre los contratos de renta de infantes que presentaron los activistas, dos corresponden a Laura Fabiola Carranza Talamantes, actualmente sujeta a un arraigo. El mes pasado, la policía municipal de Zapopan arrestó a Carranza Talamantes, de 21 años de edad, a quien le detuvieron una niña de dos años y un bebé de siete meses, hijos suyos.

Aparte de la mujer detenida, la policía municipal remitió el contrato de un supuesto despacho jurídico, denominado López y López Asociados, en el que se manifestaba que rentó a uno de sus hijos para presunta fotografía publicitaria en diferentes paisajes y lugares de Jalisco, por 500 pesos diarios, y un periodo de 15 días.