Los contratos por 2.8 millones de pesos que el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, entregó directamente por asesorías a dos amigos suyos, Pablo Héctor Ojeda (90 mil dólares) y Peter Bauer (120 mil dólares), motivaron una prolongada discusión en la Comisión Permanente sobre la serie de denuncias por presunta corrupción que se ha presentado en los cinco años de gobierno del presidente Felipe Calderón.

A propuesta del PRI se acordó que la Cámara de Diputados cite al funcionario a comparecer ante la Comisión de la Función Pública para que aclare ésos y otros contratos que ha otorgado de manera directa para asesorías constitucionales, administrativas, laborales, de relaciones públicas y de cabildeo. También se exhortó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a comenzar una investigación contra Mony de Swaan por el probable ejercicio indebido de funciones.

El diputado priísta César Augusto Santiago llevó el tema a tribuna y entregó un listado de 48 contratos para asesorías que Mony de Swann otorgó por 53 millones 42 mil 703 pesos con 76 centavos. “Son contratos de ‘asesoría para el mejor desempeño de la Cofetel’, dicen textualmente los contratos. No son para contestar una demanda o para ir a una controversia, es para que lo asesoren”, aseveró.

Añadió que Mony de Swaan asignó cuando menos dos contratos a personas que él conoce, son sus amigos, y por eso he solicitado que intervenga la PGR y la Función Pública. Fueron contratos a Héctor Ojeda y Bauer, ambos socios en un despacho. La asignación de estos contratos no tiene explicación y se ha violado la ley, el Código Penal, por asignación indebida de contratos a gentes cercanas a su desempeño.

Bauer, acusó el diputado priísta, es dueño de una casa en Valle de Bravo que usa Mony de Swaan para pasar sus fines de semana. Abundó: cuando periodistas le preguntaron a Mony de Swaan ¿por qué usa usted esa casa?, él respondió: invierto parte de mi dinero en rentarle la casa al señor Peter Bauer en Valle de Bravo.

Esto, insistió el diputado, no es un asunto menor. El Código Penal tipifica como delito la asignación indebida de contratos usando fondos públicos. Es claro el Código Penal Federal, que dice que este asunto debe ser sancionado penalmente.

Entre otros de los contratos que otorgó Cofetel se encuentran el de Transparencia Mexicana por 664 mil 960 pesos, por ofrecer servicios de correduría pública; el de White&Case, consultoría especializada en derecho administrativo y constitucional, por un millón 102 mil pesos; también hay un contrato para ASC Consultores, que ofrece servicios para elaborar proyectos de dictamen de las solicitudes de homologación de equipos de telecomunicación; a Gonzalo Aguilar Zínser, asesoría y consultoría especializada en derecho penal, se pagó un millón 574 mil 999 pesos con 96 centavos.

Al despacho Analysys Masson Limited sucursal en España, se canalizaron 7 millones 308 mil pesos para la elaboración de los modelos de costos de servicios de interconexión; para Gutiérrez Pier y Ortega SC, asesoría y consultoría especializada en derecho constitucional y administrativo, se erogaron un millón 435 mil 500 pesos, entre otros.