En el contexto de la discusión sobre otra andanada de quejas que desahogó ayer el Instituto Federal Electoral (IFE), la consejera María Marván Laborde advirtió sobre las desviaciones de la democracia mexicana que ha generado la actividad litigiosa de los partidos.

No estoy cierta de que en todos los casos se busque legalidad, equidad, libertad; más bien está abierta otra arena para la propaganda de los partidos.

La consejera hizo un llamado a los partidos para que reflexionen acerca de la excesiva promoción de recursos y destacó que del 7 de octubre a la fecha se han radicado 86 quejas como procedimientos especiales sancionadores y 24 por la vía ordinaria; y del 18 de diciembre (cuando dieron inicio las precampañas) hasta hoy, 20 especiales sancionadores y dos ordinarios. Este día habremos resuelto 42 procedimientos sancionadores más otros tantos ordinarios.

Marván Laborde sostuvo que con este número de inconformidades será muy difícil llamar al voto a los mexicanos si revestimos el proceso político con controversias que resuelve el IFE como primera instancia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como tribunal de alzada, en el que se cancelan y suspenden una y otra vez los mensajes y las estrategias de propaganda de los actores.

Subrayó que cada nueva queja representa la creación de una nueva regla, lo que incrementa el espíritu de judicialización de la contienda y reduce en forma proporcional el nivel del debate político.

Comentó que con estas acciones se está llenando el camino de piedras a la democracia mexicana, que no sólo afectan al contrincante, sino que alteran el proceso electoral en su médula. ¿De verdad queremos una democracia litigiosa?

La consejera reconoció que los partidos y los candidatos tienen salvaguardados sus derechos políticos, pero no está de más solicitarles que actúen más en el terreno de la política, del debate y la confrontación de ideas, y en menor medida en el ámbito de los pleitos judiciales.

En esta lógica, agregó, se ha encorsetado el proceso electoral impidiendo su despliegue normal y dando pretextos a los enemigos de la reforma de 2007, que la exhiben como si fuese un amasijo inentendible e imposible de cumplir.

Destacó que no es cuestionable la necesidad de reglas para normar el proceso y de que exista una autoridad fuerte en el ejercicio democrático, pero debe prevalecer el compromiso por el estado de derecho, menos criterios construidos de manera casuística y mayor debate, menos juicios y más libertad, menos estridencia y más sustancia.

La consejera Marván Laborde consideró que la intensa actividad en la Comisión de Quejas del IFE atrofia la generación de una cultura democrática.