De 1997 a 2010, la Procuraduría General de la República (PGR) ha pagado más de 128 millones de pesos para la manutención de testigos protegidos. Del total erogado, 60 millones de pesos se utilizaron durante los primeros cuatro años de gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con datos obtenidos mediante una solicitud de información pública, en promedio, la PGR ha mantenido 30 testigos anualmente, pero la dependencia no reveló cuánto paga y cuánto ha erogado para la manutención de las familias de los integrantes de su programa de protección, ni tampoco ha estimado los costos por la seguridad que brinda cada uno, tanto para escoltas personales, como para custodia perimetral de los inmuebles que habitan.

La PGR ha sustentado casos importantes en sus testigos protegidos, sobre todo los relacionados con cuestiones de narcotráfico y delincuencia orga- nizada, aunque muchos de ellos se han derrumbado al ser analizados por jueces. Entre este tipo de fracasos se encuentra el llamado michoacanazo, en el que la procuraduría detuvo y luego pretendió, con base en un solo testigo, que sentenciaran a más de 40 servidores públicos de esa entidad.

Otro caso fue el del general Arturo Acosta Chaparro, en el que Gustavo Tarín Chávez, un testigo protegido de la PGR, acusó al militar de estar relacionado con casos de desaparición forzada y narcotráfico, sin acreditar ninguna de sus imputaciones.

Asimismo, en casos más recientes, Édgar Ballardo del Villar, ex titular de la Unidad Antidrogas de la Policía Federal, quien estaba vinculado al cártel de Sinaloa, se acogió al programa de testigos protegidos en esta administración y fue asesinado por un hombre cuando estaba en una cafetería de la colonia Del Valle, en diciembre de 2009. Entre otros indiciados a quienes acusó se encuentra el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Noé Ramírez Mandujano, quien no ha sido sentenciado por la imputación de varios delitos, entre ellos delincuencia organizada.

Los costos de manutención anual por persona en 1997 eran de 5 mil 305 pesos, según cifras obtenidas de la PGR, pero una década después, por cada testigo protegido la dependencia federal erogó 218 mil 278 pesos.

Luego de que la PGR fue obligada por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) a entregar la información relacionada con el número de testigos protegidos o colaboradores y el monto de los recursos que destina parea su manutención, la dependencia, dio cumplimiento a un recurso de revisión y proporcionó a La Jornada datos en los cuales se indica el monto que destina a aquellos –que siendo delincuentes las autoridades decidieron beneficiarlos con programas de protección, no consignación o reducción de penas–, a cambio de información y testimonios que presuntamente permiten consolidar investigaciones contra miembros de grupos criminales.

Así, según la PGR, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, de manera concreta en 1997, gastó un millón 8 mil 144 pesos en un total de 19 testigos; para 1998, un millón 168 mil 229 pesos, en 19 personas; en 1999, fue de un millón 146 mil 955, para 30 testigos, y en 2000 para 27 personas, los recursos prácticamente se duplicaron, al registrar un gasto de 2 millones 97 mil 627 pesos.

El incremento en los costos que representan los testigos protegidos siguió al alza. Durante la gestión del presidente Vicente Fox, la PGR destinó un total de 63 millones 403 mil 434 pesos, desglosados de la siguiente manera:

En 2001 fueron 35 personas las que estaban en programas de protección y se erogaron 2 millones 397 mil 627 pesos; para el año siguiente, los testigos se incrementaron a 42, y para ellos se destinaron 5 millones 823 mil 927 pesos; en 2003, los testigos disminuyeron a 39, pero los recursos para su manutención y el pago de arrendamiento de inmuebles para su estancia alcanzó 13 millones 370 mil 525 pesos; en 2004, los testigos ascendieron a 44 personas, y el presupuesto asignado para ellos fue de 13 millones 834 mil 75 pesos; en 2005, se destinaron 14 millones 564 mil 594 pesos para 48 beneficiarios; para 2006 se utilizaron 13 millones 702 mil 688 pesos en 43 personas.

Ya durante la gestión de Felipe Calderón, de acuerdo con las cifras de la PGR, en 2007 fueron 50 testigos protegidos y para ellos se destinaron 10 millones 913 mil 904 pesos; para 2008 la institución federal ya no quiso revelar cuántos testigos protegidos o colaboradores tenía, pero sí los montos destinados desde ese año hasta 2010 para su manutención y arrendamiento de inmuebles.

En 2008 la PGR destinó 15 millones 123 mil 153 millones; para 2009, 20 millones 197 mil 167 pesos, y para 2010, 14 millones 825 mil 320 pesos.

La PGR señala que el número de testigos protegidos no puede contabilizarse sumando las cifras anuales, debido a que algunos que ingresaron al programa se han mantenido así durante varios años.