El embargo de cuentas bancarias de contribuyentes morosos que realizan las autoridades fiscales del país para el cobro de adeudos ocasiona que los causantes no cuenten con los medios financieros para llevar a cabo sus operaciones e impide efectuar las inversiones necesarias, lo cual provoca desempleo, estancamiento y agonía de las empresas, determinó la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon) en una calificación emitida sobre el embargo de cuentas bancarias a contribuyentes, práctica que consideró problema sistémico.

Otras irregularidades halladas por la Prodecon que afectan la marcha de las empresas es la tardanza en el levantamiento de embargos, aun cuando el contribuyente haya pagado o garantizado el pago del adeudo, además de que no se respetan los derechos de prelación que tienen otros créditos antes que el fiscal.

La calificación sobre las prácticas de cobros fiscales elaborada por la Prodecon comenzó a partir de una investigación y análisis efectuados como parte de sus facultades, y ante las quejas de diversos sectores económicos, basadas en que las autoridades fiscales realizan el aseguramiento, embargan precautoriamente o como medio de cobro las cuentas bancarias de los contribuyentes, causando una posible afectación a su esfera de derechos.

Además, dijo, se realizó un foro en el que diversos panelistas de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, de la Confederación de Cámaras Industriales, de la Confederación Patronal de la República Mexicana y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo llegaron a conclusiones entre las que destacan que hay una forma excesiva y arbitraria en que la autoridad ejerce la facultad discrecional; se falta el respeto a los derechos de prelación que tienen otros créditos antes del fiscal; los embargos de cuentas bancarias impiden a los contribuyentes seguir operando, paralizan la generación de empleo, inhiben la inversión productiva y provocan la extinción de empresas, entre otros.

El Acuerdo de Calificación de Problema Sistémico fue hecho público y notificado a las autoridades fiscales en el expediente 3-V-H/2011, donde señala que las conductas derivadas de los embargos de cuentas bancarias pueden estar atentando contra los derechos de los contribuyentes desde distintos niveles, como actuaciones aisladas consideradas individualmente; prácticas reiteradas de la autoridad fiscal que siguen criterios generales, o actuaciones realizadas conforme a disposiciones legales, que desproporcionadamente atentan contra las prerrogativas y derechos de los pagadores de impuestos.

A partir de esa notificación las autoridades fiscales cuentan con 30 días hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga. Conforme a la respuesta que se reciba, la Prodecon procedería a emitir el dictamen respectivo y, de ser necesario, efectuar recomendaciones mediante las cuales se tutelen los derechos de los contribuyentes.