i hubiera que ejemplificar con un hecho la negligencia y la insensibilidad tecnocrática que caracteriza la actual conducción de los servicios públicos en el país, el episodio ocurrido en el hospital Manuel Campos de Campeche sería insoslayable. El pasado jueves, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de energía de ese nosocomio alegando un adeudo de 564 mil pesos. En el momento de la interrupción –como relató ayer el gobernador de la entidad, Fernando Ortega– en el citado hospital se practicaba una cirugía, había 14 pacientes internados y dos recién nacidos en las incubadoras. Uno de los bebés falleció y el otro se encuentra grave, tras ser trasladado de emergencia a otro nosocomio.

Aunque las propias autoridades estatales han señalado que la muerte del recién nacido se debió a la condición de salud del prematuro, no a la atención médica que se le dio ni mucho menos al corte de luz, la situación es indicativa de una irresponsabilidad mayúscula de la llamada empresa de clase mundial. Tendría que ser innecesario recordar el carácter estratégico y la importancia vital que tiene, para cualquier país, el correcto funcionamiento de sus hospitales, así como la obligación de los estados de garantizar condiciones mínimas para su operación, pues en ellos desarrollan tareas que son, literalmente, de vida o muerte. No en vano las actividades de los nosocomios están protegidas por el derecho internacional, el cual indica que esas instalaciones deberán ser respetadas incluso en caso de conflictos bélicos. Sin embargo, en el México del siglo XXI bastó un adeudo de menos de 600 mil pesos para que una compañía paraestatal dejara sin electricidad a un hospital público.

A estas alturas, a nadie es ajeno el desempeño desastroso característico de la compañía encabezada por Antonio Vivanco, que se debate constantemente entre las denuncias por corrupción de sus funcionarios; los cobros exorbitantes en los recibos de los usuarios, y la incapacidad de su personal para proveer un servicio mínimamente aceptable a los habitantes de la zona centro del país, a más de dos años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pero el episodio de anteayer en Campeche es indicativo de un deterioro mucho más profundo y preocupante: en concordancia con una lógica tecnocrática en el ejercicio del poder público, el país asiste a un proceso de devaluación de la condición humana en general, que es padecida por la sociedad en su conjunto y que puede percibirse con particular fuerza en episodios de negligencia trágica por parte de las autoridades –el caso de la guardería ABC es uno de los más emblemáticos–; en el baño de sangre que ocurre en el país en el contexto de la guerra contra la delincuencia –en el que las muertes son reducidas por el discurso oficial a simples indicadores estadísticos–; en la depreciación de los ingresos de los sectores mayoritarios de la población y ahora, también, en la conducción irresponsable e inhumana de los servicios públicos.

Una situación como la referida sería ya impresentable en países donde el suministro eléctrico depende de compañías particulares. En México, donde ese servicio recae, al menos formalmente, en el Estado, el hecho comentado tendría que derivar en un claro deslinde de las responsabilidades administrativas e incluso penales en que pudieron haber incurrido las autoridades de la CFE que ordenaron el corte de electricidad al hospital, así como en las sanciones a que haya lugar para los responsables.