a Comisión Federal de Competencia (Cofeco) tiene en sus manos una decisión crucial en relación con el funcionamiento de los medios de comunicación en el país: la aprobación o no de la fusión Iusacell-Televisa. Esto significaría la unión de las dos televisoras que históricamente han conformado el duopolio en México. Es por tanto un error querer erradicar el insostenible nivel de concentración del Grupo Carso en telefonía, con la creación de otro monopolio en el sector más amplio de las telecomunicaciones, que no puede explicarse sino dentro del proceso de convergencia tecnológica. Dicho proceso consiste en un cambio de tecnologías a escala internacional, que por medio de la digitalización de las frecuencias que se transmiten hoy por las ondas radioeléctricas, u otras plataformas tecnológicas, está haciendo que diversas tecnologías informativas, como la radio, la televisión, el Internet y la telefonía, converjan en una misma señal.
El proceso permitirá además ampliar el número de frecuencias de radio y televisión, y dependiendo del estándar y políticas públicas que cada país adopte, podrán o no ser liberadas para redistribuirlas. Forma entonces parte de la agenda de las organizaciones interesadas en el derecho a la comunicación el lograr que dicho proceso abone a una democratización de los medios, no a su mayor concentración. Y dado que en una medida importante determina el modo de su funcionamiento, vale la pena mencionar la naturaleza de la plataforma tecnológica con la que han operado los medios electrónicos. La radio y la televisión se transmiten a través de ondas electromagnéticas que viajan en el espectro radioeléctrico. En este sentido, existe una capacidad limitada de esta plataforma tecnológica para alojar frecuencias de medios electrónicos.
Dada la naturaleza limitada de la cantidad de canales de radio y televisión que pueden existir en determinada zona geográfica, los países han convenido en repartirse las frecuencias radioeléctricas. La adecuada regulación de esta repartición es también vigilada por el organismo internacional denominado Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Cada país tiene la facultad de regular internamente el funcionamiento y reglas de repartición para la concesión de frecuencias del espacio radioeléctrico, que con la convergencia tecnológica ya no sólo funcionan para la radio y la televisión, sino para una multiplicidad de servicios, como los que mencionados antes. Le otorga una naturaleza distinta a los medios electrónicos, en comparación con otros, como los medios escritos, el hecho de que para que existan canales de radio y televisión se requiera un permiso o concesión por parte del Estado y el gobierno de un país.
Una de las principales diferencias radica en que los estados deben establecer reglas para repartir un bien común finito, el espacio radioeléctrico; y que dicho bien sea uno de los principales vehículos a través de los cuales se materializa un derecho humano fundamental: la libertad de expresión. El que en México y en el resto de los países de América Latina persista un sistema de medios de comunicación electrónicos de concentración, orientado hacia intereses y objetivos privados, se debe entonces en gran parte a una política deliberada y sostenida durante el tiempo por parte de los gobiernos.
Por tanto, si la Cofeco autoriza ahora la alianza entre Televisa (el principal productor de contenidos audiovisuales), y Iusacell (del Grupo Salinas, concesionario de Tv Azteca, la segunda empresa de televisión abierta más grande de México), estaría dando continuidad a estas políticas privatizadoras, violentando con ello el derecho a la libertad de expresión, a la pluralidad y a la diversidad de la ciudadanía, al limitar el acceso a los medios de grandes grupos de la población, y permitir una mayor concentración mediática en pocas manos. Además, de tomar esa decisión, que fomentaría prácticas anticompetitivas, la Cofeco contravendría el artículo 28 constitucional y la Ley de Competencia Económica.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) ha documentado minuciosamente los hechos que han incrementado la concentración mediática en el país en lugar de disminuirla, como señalan los más altos estándares en materia de derechos humanos, particularmente el de la libertad de expresión. Los datos son contundentes. Las dos televisoras concentran prácticamente 90 por ciento del total de las frecuencias de televisión en señal abierta. Ambas cuentan además con una ampliación de su concesión hasta 2021, sin que estén obligadas a pagar una contraprestación al Estado. El gobierno les otorgó también canales espejo para transmitir digitalmente, en lugar de repartir estas frecuencias a otros grupos. Sin una política pública integral en la materia, y con una simple notificación, sin consulta previa, sin regulación, y sin una contraprestación al Estado, se les autorizó también la multiprogramación.
Televisa tiene además 53 por ciento de toda la televisión de paga (septiembre de 2011). Ambas empresas concentran 58 por ciento de la inversión y ganancias publicitarias (33 mil millones de pesos en 2010). El mayor gasto de comunicación gubernamental se concentra en ambas televisoras (29.4 por ciento en 2009). En 2010 el consorcio de Televisa ganó por una bicoca la licitación de dos hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad. Las cifras se agravarán de ser aprobada la fusión Iusacell-Televisa. Por tanto es fundamental una movilización ciudadana para evitar que la Cofeco avale tal decisión.
