Washington, 20 de enero. Un funcionario del Departamento de Justicia estadunidense acusado por legisladores de haber sido clave en el programa Rápido y furioso que permitió el tráfico de armas a México, rechazó una citación del Congreso para testificar, reivindicando un derecho constitucional.

El encargado de la división criminal de la oficina del fiscal general en Arizona, Patrick Cunningham, afirmó que hará uso de la quinta enmienda de la Constitución, que garantiza que una persona no se incrimine a sí mismo, indicó su abogado Tobin Romero, en carta enviada al Congreso y divulgada este viernes por el legislador Darrel Issa.

Le escribo para hacerle saber que mi cliente reivindicará su privilegio constitucional de no ser forzado a ser testigo en su contra, señaló la carta dirigida al republicano Issa, jefe de la comisión de Supervisión y Reforma del gobierno de la Cámara.

Issa había emitido el miércoles una citación congresional, de cumplimiento obligatorio, para exigir a Cunningham testificar a más tardar el próximo martes, luego de varios intentos fallidos de la comisión para interpelarlo.

Según legisladores republicanos, Cunningham habría tenido un papel importante en aprobar las tácticas de la operación, que permitía la compra de armas automáticas en Estados Unidos por personas ligadas a cárteles de la droga mexicanos para conocer las rutas de ese tráfico.

Mediante Rápido y furioso, que funcionó entre noviembre de 2009 y finales de 2010, unas 2 mil armas habrían ingresado a México y a gran parte de ellas se les perdió el rastro.

El abogado de Cunningham afirmó que en la documentación que maneja la comisión no hay evidencias que sustenten las acusaciones; más bien dejan claro que su cliente no hizo nada erróneo y actuó de buena fe.

Si, como usted dice, funcionarios del departamento han señalado a mi cliente, lo han acusado injustamente, indicó Romero, quien recordó que Cunningham asumió el cargo en 2010, cuando ya la operación existía.

Issa mostró su sorpresa por la respuesta de Cunningham en un comunicado que afirma que ésta es la primera vez que un funcionario del gobierno rechaza testificar en la investigación.

Esto puede entenderse como una “crítica significativa a la integridad del departamento en la operación Rápido y furioso”, dijo Issa.

Señaló que la negativa de Cunningham vuelve a plantear preguntas sobre si el fiscal general Eric Holder y el presidente Barack Obama tenían conocimiento de la operación, algo que ambos niegan.

La comisión seguirá exigiendo respuestas, agregó Issa.

A raíz del escándalo, fue removido de su cargo el director de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) y dimiteron varias autoridades policiales de Arizona.